Este lunes, activistas de la Plataforma Común por Palestina en México se manifestaron frente a la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México, sobre Paseo de la Reforma, exigiendo que el Gobierno estadounidense suspenda el financiamiento militar a Israel, con el objetivo de detener los ataques en Gaza y Líbano.
Los participantes señalaron que la movilización responde, tanto a las elecciones en Estados Unidos, como a recientes llamados de la ONU para frenar lo que consideran un genocidio en Palestina.
Durante la protesta, los manifestantes explicaron que Estados Unidos ha sido el principal financiador de Israel, canalizando al menos 26 mil millones de dólares en subsidios para el país desde que se intensificaron los ataques en Palestina.
“EUA es el único financiador con recursos públicos de los gringos. Hay que frenarlos y frenar la represión en contra de las comunidades universitarias en el país vecino”, agregaron.
Genocidio hacia el pueblo palestino, clave en elecciones de EUA
En el caso de las elecciones, los activistas dijeron que el tema del genocidio hacia el pueblo palestino es de relevancia para las elecciones estadounidenses, ya que, temen que continúe el apoyo económico al Gobierno de Israel si Donald Trump llega a la presidencia, “es un sionista”, acusaron los manifestantes.
La protesta se llevó a cabo sin incidentes y tras concluir su mensaje, los activistas se retiraron no sin antes exigir, nuevamente, que México rompa relaciones con Israel.
Recordaron, en su mensaje final, que Israel ha tenido injerencias en nuestro país, cuando durante el sexenio de Felipe Calderón y su secretario de seguridad, Genaro García Luna, Israel les vendió el programa de espionaje Pegasus.
Asimismo, denunciaron que actualmente Israel protege a Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, a quien se le acusa de desaparición forzada, tortura, delitos contra la administración de justicia y desvío de recursos públicos.
Tomás Zerón participó en la fabricación de la “verdad histórica” del Gobierno sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.