La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su reporte anual 2021 y en el capítulo para México encontró, tras un monitoreo, faltas relacionadas con la inseguridad ciudadana y la militarización, desapariciones, tortura, acceso a la justicia e impunidad, situación de la libertad de expresión, así como la situación de grupos particulares en este mismo contexto.
En el Informe, la Comisión señala que México ha experimentado una grave crisis de violencia e inseguridad desde hace varios años.
“La CIDH identificó graves situaciones de violencia que han aumentado desde que comenzó la llamada ‘guerra contra las drogas’ en 2006, alcanzando niveles alarmantes, incluidas las muertes de más de 100 mil personas desde 2006, más de 27 mil desapariciones reconocidas por el Estado, más de dos mil investigaciones por casos de tortura, y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en el país”, advierte el informe.
El informe también señala que el papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública ha desatado más violencia y graves daños humanos.
“Esta medida desató más violencia, así como graves daños humanos y violaciones de derechos humanos, casos en los que la CIDH observó falta de rendición de cuentas de conformidad con los estándares del derecho internacional”, señala.
Por ello, la CIDH ha recomendado acciones específicas que pueden ayudar en la mejora de la situación.
- Desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública y para su recuperación por parte de la policía civil.
- Fortalecer la capacidad de la policía para realizar tareas de seguridad pública de acuerdo con normas internacionales de derechos humanos.
- Aprobar una Ley General sobre el Uso de la Fuerza de conformidad con las normas y estándares internacionales de derechos humanos.
- Tomar medidas para garantizar que los funcionarios federales y estatales se abstengan de emitir declaraciones públicas sobre la legalidad de la actuación de las fuerzas de seguridad en los casos que puedan constituir un uso indebido de fuerza antes de que los resultados de una investigación estén disponibles.
- Adoptar e implementar medidas de rendición de cuentas por parte de un organismo independiente de todas las fuerzas de seguridad en relación con las operaciones y tareas de seguridad pública en las que haya pérdida de vidas.
- Asegurar que, en casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y tortura, las líneas de indagación no sólo busquen revelar a los perpetradores reales, sino también incluir la responsabilidad de la cadena de mando.
- Crear sistemas de información, recopilación y análisis de datos sobre la violencia que afecta a los diferentes grupos como mujeres, niños y adolescentes, migrantes, defensores de derechos humanos, operadores de justicia, personas LGBT, pueblos indígenas y personas privadas de su libertad.
- Reorientar el abordaje del tema drogas en México desde un enfoque de militarización y uso de las fuerzas de seguridad, a uno con un enfoque integral, de derechos humanos y público con perspectiva sanitaria sobre adicciones y consumos no destinados a la distribución.