México no es el único país en el que se impulsa el mecanismo institucional de la revocación de mandato, que se prevé se lleve a cabo a través de una Consulta Popular el próximo año. Este mecanismo permite a los ciudadanos y ciudadanas mantener un control sobre sus gobernantes elegidos, aunque tiene efectos, principalmente, a nivel municipal y estatal. Sin embargo, también se ha puesto en marcha en otras partes del mundo, con sus propias variantes y contrastes. Algunos países que lo han implementado son Suiza, Etiopía, Nigeria, Palaos, Liechtenstein y Estados Unidos, según señala el Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA, por sus siglas en inglés). En el caso de Estados Unidos, la revocación de mandato está vigente en, al menos, 18 estados. En inglés se conoce como recall y es una figura que data desde el Siglo XVII, cuando apareció en las leyes del Tribunal General de la Colonia de la Bahía de Massachusetts (1631) y en la Carta de Massachusetts (1691), aunque la primera vez que un funcionario fue separado de su cargo fue a principios del siglo XX. En el país vecino no tiene efectos a nivel federal. Once Noticias te presenta el caso de algunos países en la región latinoamericana, que como en el caso de México, se encuentra activa y ha generado controversias.
La revocación en América Latina
En América Latina la revocación de mandato fue incorporada junto con otros mecanismos de democracia en algunas constituciones y legislaciones, “en mayor medida desde finales de los años ochenta, con el objetivo de contrarrestar la crisis de representación al abrir nuevos espacios institucionales para la participación y el control popular en los procesos de política pública”, tal como detalla la investigadora María Laura Eberhardt (Colombia Internacional, 2017). La especialista del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina apunta que la revocación en la región se enmarca en la tercera ola de la democratización y las reformas políticas y constitucionales, de los años noventa. Panamá, Venezuela, Ecuador y Bolivia lo contemplan en sus normas constitucionales a nivel nacional. En lo que respecta a los últimos tres países se contempla la revocación del presidente y los cargos electivos del Estado central; a nivel subnacional lo consideran también estos tres países y se suman Perú, Argentina, Colombia y Panamá. También se contempla en la Constitución de Cuba y se considera que podrían ser revocados todos los órganos representativos del Estado. Es difícil que se apliqué la revocación presidencial, dada la importancia del cargo. Sin embargo, en el caso de Venezuela y Bolivia, esta figura fue incorporada en sus constituciones: en el caso venezolano desde 1999, impulsada por Hugo Chávez (en el Artículo 72); en 2009, en el caso boliviano (en el Artículo 240), impulsada por Evo Morales. En 2004, en Venezuela, se llevó a cabo un referéndum revocatorio presidencial contra Hugo Chávez, durante su segundo período presidencial (2001-2007). El resultado de la consulta que se hizo a la población fue la no revocación, por lo que Chávez continúo en el cargo. Una paradoja fue que la oposición planeó destituirlo a través de la revocación que había sido prevista en la constitución desde 1999, “esa constitución había sido impulsada por Chávez en su primer período presidencial (1999-2001)”, señala la investigadora María Laura Eberhardt. En el caso boliviano este mecanismo fue utilizado en 2008 para revocar a Evo Morales del cargo presidencial, aunque parecido al caso venezolano, fue un mecanismo que había sido impulsado por el mismo Evo, aunque entró en vigencia un año después. Fue así que en agosto de 2008, en Bolivia, se llevó a cabo el referéndum revocatorio de Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y 8 de los 9 prefectos departamentales. El resultado fue que 67.41% de los votos determinaron la permanencia del presidente de origen aimara y del vicepresidente García Linera.“El voto fue obligatorio y participó 83.28% de los ciudadanos, lo que superaba ampliamente el 50% más 1 del padrón exigido a fines de validar el proceso de revocatoria”, describe Eberhardt con datos de la OEA.