Internacional

Regulador europeo multa a Meta con 17 millones de euros por uso de datos personales

La multa impuesta a Meta tiene lugar a raíz de una investigación sobre 12 casos de uso ilícito de datos de usuarios

El gigante tecnológico estadounidense Meta, propietario de Facebook, fue multado con 17 millones de euros (18.7 millones de dólares) por infringir la normativa de protección de datos de la Unión Europea (UE), anunció este martes el regulador de Irlanda, país donde el grupo tiene su sede europea. 

“La multa impuesta a Meta, que también es propietario de WhatsApp e Instagram, tiene lugar a raíz de una investigación sobre 12 casos de uso ilícito de datos de usuarios”, explicó la Comisión de Protección de Datos irlandesa (DPC).

La República de Irlanda, país miembro de la UE que alberga las sedes europea de numerosas grandes empresas tecnológicas como Apple, Google y Twitter, desempeña un papel clave en la vigilancia del cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) del bloque.

Según este organismo, las plataformas de Meta “no adoptaron las medidas técnicas y organizativas adecuadas” en el caso de esas 12 violaciones de datos personales.

La DPC recibió las notificaciones de estos casos durante un período de seis meses entre el 7 de junio de 2018 y el 4 de diciembre de 2018.

Esta multa se refiere a las prácticas de mantenimiento de registros de 2018 que hemos actualizado desde entonces, no a un fallo en la protección de la información de las personas”, aseguró un portavoz de Meta.

Dos autoridades de supervisión europeas que toman parte en el proceso de aplicación del RGPD objetaron la decisión inicial de la DPC, pero se logró un consenso a través de un mayor compromiso entre la DPC y las autoridades de supervisión”, precisó la comisión irlandesa. 

En septiembre del año pasado, Irlanda sancionó a WhatsApp con una multa récord de 225 millones de euros bajo la presión de otros reguladores europeos para aumentar una sanción inicial muy inferior.

El RGPD, que entró en vigor en 2018, es una herramienta para que los países miembros de la UE frenen los excesos de las grandes empresas tecnológicas, otorgando a los organismos de control nacionales poderes transfronterizos y la posibilidad de imponer fuertes multas por uso ilegítimo de datos personales.

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