Detenciones de líderes sindicales, despidos masivos, huelga general e irrupción de la policía en los locales de los sindicatos de trabajadores, es el saldo de las cuatro semanas que lleva la movilización política en Panamá.
Las causas son varias: la reforma al Sistema de Pensiones, los pronunciamientos de Donald Trump sobre no pagar impuestos para cruzar el Canal de Panamá y el acuerdo con el gobierno centroamericano para permitir el despliegue de tropas estadounidenses en las zonas adyacentes al canal.
Las movilizaciones han sido multitudinarias, pues han congregado a miles de personas que se han sumado a la huelga general que, en algunos casos, ya supera los 20 días.
La respuesta del gobierno ha sido reprimir las manifestaciones y ordenar la detención de diversos líderes.
La empresa bananera Chiquita Panamá anunció que despedirá a alrededor de cinco mil trabajadores por participar en la huelga.
Chiquita Panamá es la heredera panameña de la United Fruit Company, una controversial empresa estadounidense acusada de perpetrar matanzas en el caribe latinoamericano y participar en la logística de los golpes de estado del siglo XX.
El gobierno de José Raúl Mulino ordenó la detención de Genaro López, histórico dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares.
Su detención se suma a la persecución contra otro dirigente de la misma organización, Saúl Méndez, quien pidió asilo en la embajada boliviana para evitar su detención.