La violencia en los Altos de Chiapas no es nueva sino que responde a una serie de problemas estructurales irresueltos. Sin embargo, desde los noventa, se rastrea de forma continua debido a la presencia de grupos paramilitares que se han fortalecido por sus nexos con autoridades gubernamentales y partidos políticos en turno; esto ha derivado en una violencia exacerbada que incluye violaciones a los derechos humanos, desplazamiento forzado, desapariciones extrajudiciales y asesinatos, así lo aseguró Pedro Navarro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FrayBa),
Como parte de las actividades para reflexionar la situación en esta región, en el museo Jtatik Samuel se realizó la conferencia sobre “Los impactos de la violencia en los Altos de Chiapas”, impartida por Pedro Faro Navarro.
El FrayBa, a través de un diagnóstico, ejemplifica la condensación de la violencia en la región. A principios de julio se registraron actos de violencia por parte del crimen organizado, lo que derivó en que “el 7 y 8 de julio un grupo de autodefensas llegó a Pantelhó para expulsar al crimen organizado”.
Desde el 10 de julio las organizaciones de derechos humanos visitaron refugios en Yabteclum, Majemut y Acteal.
La violencia y el miedo de los habitantes ocasionó el desplazamiento forzado de 3 mil 200 personas, aproximadamente. En Yabtecluml, las organizaciones constataron hacinamiento y difícil acceso a la salud, alimentación y seguridad de 650 personas. 300 personas se encuentran en Majomout sin mejores condiciones. En Acteal hay 220 personas desplazadas”, según el FrayBa.
Esta situación rememora la Masacre de Acteal en 1997.
Pedro Faro señaló que lo que ocurre en el municipio de Pantelhó ha causado conmoción local y nacional, sin embargo, no es nuevo sino que responde “a una violencia estructural que deviene del poder político basado en lo económico, lo que ha provocado exclusión de los pueblos originarios”, precisó al indicar que no hay interés en atender las causas reales para resolver la conflictividad.
Señaló que desde el FrayBa han identificado dos problemáticas fundamentales: por un lado, los intereses criminales que operan en los territorios vinculado con las instituciones del Gobierno y que actúan con impunidad.
“Sus negocios van desde tráfico de armas, robos de autos, tráfico de drogas, trata de personas, pornografía y cantinas clandestinas”, señaló.
Por otro lado, la violencia criminal se relaciona a la persistencia de los conflictos territoriales, basado en lo agrario, que el Gobierno Federal no ha solucionado. Dijo en que un ejemplo de ellos es el conflicto entre Aldama y Chenalhó, en el que existe un grupo de corte paramilitar que agrede a las comunidades.
Denunció que los grupos paramilitares con perfil criminal han amalgamado sus acciones con los gobiernos municipales.
Esto ha impactado de forma negativa en las personas que son víctimas del desplazamiento forzado, los dos ejemplos más sobresaliente, dijo el director, es el de Aldama y el de Chalchihuitán.
Y es que el surgimiento de los grupos paramilitares se rastrea desde los noventa, en la zona de los Altos y zona Norte.
Ahí en la zona Norte se ubica el grupo paramilitar ‘Paz y Justicia’; en la zona de los Altos, se ubicó a ‘Máscara Roja’. Estos se vincularon al PRI. En esta época el Estado Mexicano formó y financió a los grupos paramilitares, ¿quién los entrenó? El ejército,” reflexionó el abogado Pedro Faro.
Dicho contexto fue parte de un plan de la Sedena cuyo objetivo fue “socavar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) debido al levantamiento de 1994”.
Además, impactó en la geografía de la entidad, por la ocupación territorial en dichas zonas: “con 130 campamentos militares de los cuales permanecen hoy 76 con menos efectivos que en los noventa pero con una lógica de campo de batalla y operaciones, que sirve para monitorear las acciones del EZLN”, indicó Pedro Faro.
Además señaló que la Sedena ha informado que “mientras permanezcan territorios zapatistas estos grupos ocuparan el territorio de los altos, norte y selva”.
Ante ello el FrayBa ha denunciado y documentado el impacto de la violencia sobre la población. Ante el desplazamiento forzado, los grupos más vulnerables son mujeres, niños y niñas y adultos mayores. No sólo es la movilidad sino que tiene afectaciones psicosociales que repercuten de manera negativa sobre las personas.
El FrayBa ha documentado que en la entidad hay 14 mil 676 personas desplazadas. El mayor índice de desplazamiento se da en los Altos y zona norte. Los municipios con más personas desplazadas son Aldama, Chalchihuitán y se suma Pantelhó.