El presidente Javier Milei sufrió un nuevo revés este jueves cuando la Cámara de Senadores de Argentina rechazó su megadecreto de desregulación económica dictado en diciembre, cuya suerte depende ahora de la Cámara de Diputados.
“El decreto sigue vigente, va a pasar a la Cámara de Diputados y vamos a ver cómo sigue esta historia”, declaró el senador oficialista Ezequiel Atauche, luego de la votación que concluyó con 42 votos en contra, 25 a favor y cuatro abstenciones.
Minutos después, Milei retuiteó una publicación en su cuenta de X que califica de “traidores a la patria” a los legisladores que votaron en contra.
Este rechazo ocurre luego del fracaso de su otro gran programa de reformas, la “Ley Ómnibus”, una amplia iniciativa que naufragó en Diputados en febrero y que volverá a debate con recortes y modificaciones.
¿Qué incluye el decreto?
El polémico “Decreto de Necesidad y Urgencia” (DNU) 70/2023 deroga o modifica más de 300 normas económicas, comerciales, laborales y civiles, y es una pieza fundamental del plan de gobierno de Milei para desregular y reducir al máximo la participación del Estado en la economía argentina.
Más allá de la votación de este jueves, buena parte del DNU seguirá vigente -con excepción del capítulo referido a una reforma laboral que fue suspendido por la Justicia-, ya que para que el decreto sea anulado por el Poder Legislativo debe ser rechazado también por la Cámara de Diputados.
“Basta que una sola cámara lo apruebe para que el decreto quede aprobado y para que quede rechazado se necesita que las dos cámaras expresamente lo rechacen”, explicó el constitucionalista Félix Lonigro.
El consultor político Carlos Fara señaló que el decreto “no tendrá un trámite sencillo” en la Cámara de Diputados.
Fara dijo que, en caso de que el DNU sea rechazado definitivamente en Diputados, constituiría “un golpe enorme” para el Ejecutivo, porque las dos primeras grandes iniciativas del Gobierno fueron la ‘Ley Ómnibus’, que por ahora se cayó, y el DNU, que es su programa de Gobierno.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo este jueves que si el decreto es rechazado en el Congreso, el gobierno tiene “plan B y plan C”.
Es la primera vez en 30 años que se rechaza un DNU en una cámara legislativa, que por ley debe analizar los decretos “de necesidad y urgencia” del Ejecutivo.
Entre las leyes derogadas por el DNU se encuentra la que regulaba el mercado de alquileres, así como normas que limitaban los aumentos que las empresas de medicina privada podían imponer a sus clientes.
Lonigro explicó que si ambas cámaras lo rechazan todo vuelve a estar como antes, aunque se mantendrán vigentes los contratos hechos durante el período en que estuvo vigente.
Desde su entrada en vigor, la iniciativa cosechó el repudio de sectores sociales afectados, en un contexto de 276% de inflación interanual y con más de la mitad de la población -de casi 46 millones de personas- bajo la línea de pobreza.
Dos frentes de tormenta
“El DNU es inconstitucional y eso es lo único que nosotros tenemos que evaluar. Y no lo digo yo, lo dice todo el espectro de constitucionalistas de la Argentina”, expresó durante su intervención en la sesión de este jueves el senador y presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau.
Desde su anuncio en diciembre, múltiples juristas expresaron públicamente que este decreto viola la Constitución y debería ser invalidado por la Justicia.
“Con la doctrina vigente de la Corte Suprema, me animaría a decir que es imposible que el DNU pueda ser aprobado”, dijo Ricardo Gil Lavedra, uno de los magistrados que condenó a las juntas militares en 1985 por delitos de lesa humanidad.
Para Fara, “el DNU tiene dos frentes de tormenta: uno es el Congreso y el otro es la Justicia. Y en la Justicia ya buena parte del DNU está herido de muerte”.