Miles de personas se manifestaron este miércoles convocadas por las centrales obreras en Argentina para pedir a la justicia que declare inconstitucional un decreto del presidente ultraliberal Javier Milei que impulsa una profunda desregulación de la economía.
Al grito “la patria no se vende” y con banderas argentinas los manifestantes respaldaron el petitorio que las centrales sindicales entregaron a la justicia contra el decreto que incluye la reforma de más de 300 leyes y entrará en vigor el viernes, en el marco de un fuerte ajuste fiscal.
“No cuestionamos la legitimidad del presidente Milei, pero queremos que respete la división de poderes. Los trabajadores tienen la necesidad de defender sus derechos cuando hay una inconstitucionalidad”, dijo Gerardo Martínez, secretario general del sindicato de la construcción, uno de los que encabezó la manifestación frente al Palacio de Tribunales en Buenos Aires.
Organizaciones sociales también se adhirieron a la movilización.
“Venimos a decirle No al decreto porque se lleva puesto a uno de los poderes del Estado, el Congreso. Es un decálogo para favorecer a los poderosos en desmedro del pueblo”, dijo Adrián Grana, uno de los manifestantes.
Diálogo tripartito
El decreto limita el derecho a huelga, modifica convenios laborales y el sistema de indemnizaciones por despido, redefine la jornada laboral, abre las puertas a la privatización de empresas públicas y deroga leyes de protección a los consumidores contra aumentos abusivos de precios cuando la inflación anual supera el 160% y la pobreza el 40%.
“Hoy acudimos a la justicia, pero hay otro capítulo centrado en el Congreso que tendrá que dar un debate profundo” sobre el contenido del decreto, dijo Gerardo Martínez.
El dirigente sindical instó al gobierno a “conformar una mesa colectiva de diálogo tripartita con empresarios y sindicatos, como han tenido otros países que han atravesado un ajuste severo”.
El Congreso, donde el oficialismo es la tercera minoría, puede invalidar el decreto, pero es un trámite que tomaría varios meses.
La iniciativa deroga la ley de movilidad jubilatoria y la que regula los alquileres, libera el precio de comisiones bancarias y tasas punitivas para deudas y permite a los clubes deportivos convertirse en sociedades anónimas.
“El decreto es destructivo de todos los derechos laborales. El pueblo argentino eligió a Milei como presidente de la Nación, no como emperador”, criticó Martín Lucero, un docente de 45 años que vino desde Rosario a apoyar la marcha.
La justicia abrió ya la semana pasada un expediente para analizar un amparo colectivo contra el decreto.