Los países occidentales pidieron el martes a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) imponer sanciones sin precedentes a Siria por su presunto uso de armas químicas y por no haber declarado todos sus almacenes.
Acusada de ataques en 2017 contra el pueblo de Latamné, Siria podría perder sus “derechos y privilegios”, entre ellos su derecho a voto, una medida inédita en la historia de la organización.
Los 193 Estados miembros de la OPAQ votarán el miércoles o el jueves una propuesta en este sentido presentada por Francia, que cuenta con el apoyo de 46 países.
Según el régimen sirio, que siempre ha negado cualquier implicación, los ataques químicos fueron una puesta en escena. Damasco y su aliado Moscú acusan a las potencias occidentales de realizar, a través de la OPAQ, una campaña “politizada”.
No podemos dejar que esta tragedia perdure otra década“, declaró en la OPAQ el embajador francés Luis Vassy. “Estamos ante una situación excepcional, que exige que tomemos medidas en consecuencia”.
Los países reprochan a Siria que no haya respondido a una serie de preguntas de la OPAQ a raíz de la publicación el año pasado de una investigación de la institución que confirmaba que el régimen sirio había utilizado gas sarín y cloro en un ataque en 2017 contra el pueblo de Latamné controlado por los rebeldes.
Damasco tampoco respetó el plazo de 90 días que estableció la OPAQ para que declarara las armas utilizadas en los ataques y diera a conocer sus depósitos restantes.
La negativa de Siria a proporcionar fielmente las informaciones solicitadas no puede y no debe quedarse sin respuesta“, declaró la Unión Europea en un comunicado común en la ONU la semana pasada.
Explicaciones “insuficientes”
La presión aumentó la semana pasada después de la publicación de un segundo informe de la OPAQ en el que acusa a Damasco por otro ataque con cloro en la ciudad de Saraqeb en 2018.
El director general de la OPAQ, Fernando Arias, declaró el martes que las respuestas de Siria a las preguntas sobre sus armas químicas no podían “ser consideradas como precisas y completas”, pese a años de inspecciones.
El organismo abrió una nueva investigación después de las explicaciones “insuficientes” proporcionadas por Siria, tras el hallazgo de productos químicos en septiembre de 2020 en un lugar donde las autoridades negaban la fabricación de armas químicas.
Según la ONU, Damasco todavía no ha respondido a 19 preguntas realizadas desde hace años sobre las instalaciones que habrían servido para la producción o el almacenamiento de armas químicas.
Siria calificó de “arrogante” la declaración francesa, comparando la situación a las falsas acusaciones sobre la presencia de armas de destrucción masiva en Irak antes de la invasión de Estados Unidos en 2003.
Desmentimos haber utilizado nunca gases tóxicos”, declaró la embajadora siria en la OPAQ Rania Al Rifai. “Les pido votar no, para rechazar esta agenda hostil a Siria”.
Rusia también se opuso a la propuesta. “Es muy grave. Nunca tuvimos este tipo de caso antes en el que un Estado miembro se queda sin derechos ni privilegios”, declaró el embajador ruso Alexander Sholguin.
En 2018, una mayoría de Estados miembros de la OPAQ votaron a favor de reforzar sus poderes y le autorizaron a designar al autor de un ataque químico y no solo a documentar la utilización de este tipo de armas.
Siria y Rusia –también bajo presión de la OPAQ por el caso del envenenamiento del opositor Alexéi Navalni– siempre estuvieron en contra de estos nuevos poderes.
Damasco asegura que había adecuado todos sus almacenes de armas químicas bajo supervisión internacional a los términos de un acuerdo alcanzado en 2013, cuando Siria se adhirió a la OPAQ, tras un presunto ataque de gas sarín, un agente neurotóxico, que mató a mil 400 personas en las afueras de la capital siria.