La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió este fin de semana la deportación de un grupo de migrantes venezolanos detenidos en Texas, quienes iban a ser enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, como parte de un operativo migratorio del gobierno de Donald Trump.
La medida fue avalada por siete de los nueve magistrados, tras una apelación de emergencia presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Los migrantes iban a ser expulsados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una legislación que solo se ha utilizado en contextos bélicos y que fue invocada recientemente por el presidente Trump para justificar deportaciones masivas.
Algunos de los detenidos ya estaban siendo trasladados a aeropuertos cuando se emitió la orden judicial.
Denuncias de expulsiones sin debido proceso
La ACLU argumentó que las autoridades migratorias estaban aplicando expulsiones sin notificación ni derecho a audiencia, violando así el derecho a una defensa adecuada. La Corte Suprema respaldó ese argumento al afirmar que “ningún miembro de la clase detenida debe ser expulsado hasta nueva orden de esta corte”.
Días antes, el mismo tribunal había señalado que cualquier persona sujeta a deportación bajo esta ley debía tener oportunidad de impugnar judicialmente su expulsión, lo que refuerza la importancia del debido proceso incluso en operativos migratorios.
Este freno legal llega después de que el gobierno de Trump alcanzara un acuerdo bilateral con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, permitiendo el traslado de migrantes a la megacárcel Cecot, una prisión de máxima seguridad señalada por diversas organizaciones de derechos humanos por condiciones inhumanas y abuso sistemático.
Desde marzo, más de 200 migrantes venezolanos han sido enviados al Cecot bajo sospechas de pertenecer al grupo criminal transnacional Tren de Aragua, sin pruebas judiciales concluyentes.