Un juez peruano suspendió hasta el 7 de marzo la audiencia de prisión preventiva por cargos de corrupción contra el expresidente Pedro Castillo, preso por rebelión tras su fallido golpe de estado en diciembre.
En audiencia virtual, transmitida por el canal de televisión del Poder Judicial, la defensa de Castillo solicitó al juez Juan Carlos Checkley más tiempo para estudiar los “6.213 folios” de la acusación.
La fiscalía accedió al pedido alegando su “respeto al debido proceso”.
Junto al exmandatario están siendo procesados dos de sus exministros.
Castillo, de 53 años y quien no asistió a la audiencia, cumple desde diciembre 18 meses de prisión preventiva en el penal Barbadillo, una minicárcel para exmandatarios, dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima.
Ahora enfrenta un pedido de 36 meses de detención mientras se investiga su presunta responsabilidad en los delitos de “organización criminal, colusión y tráfico de influencias”.
La tesis de la fiscalía es que Castillo dirigía una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.
El expresidente peruano, quien había sido elegido hasta 2026, fue destituido por el Congreso el 7 de diciembre cuando llevaba 17 meses en el poder.
Ese mismo día fue capturado por el delito de rebelión y conspiración por tratar de cerrar el Congreso, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto. La maniobra no tuvo respaldo institucional.
La policía lo detuvo cuando intentaba llegar a la embajada de México para solicitar asilo. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el poder desde entonces.
La caída de Castillo desató violentas protestas que dejan 48 muertos y más de 600 heridos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Los manifestantes piden la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y adelanto de elecciones al 2023.