Un juzgado de la ciudad guatemalteca de Santa Cruz Quiché desechó los cargos que se habían impuesto a Anastasia Mejía Tiriquiz, periodista k’iché y directora de la emisora Xol Abaj Radio y Xol Abaj TV, por su presunta participación, el 24 agosto de 2020, en la quema del edificio municipal de Santa María Joyabaj, municipio del mismo Departamento de Santa Cruz.
Los cargos imputados a la periodista fueron robo agravado, sedición, incendio agravado y atentado con agravaciones específicas. La periodista fue detenida el 22 de septiembre de 2020, y trasladada al penal femenil de Quetzaltenango.
La detención se dio luego de que la Fiscalía fincara cargos contra Mejía Tiriquiz, con quien la vinculaban por los hechos ocurridos el día de la manifestación. No obstante, la periodista señaló que ella se encontraba en el lugar de los hechos ejerciendo su labor de prensa.
El incidente se dio luego de que un grupo de comerciantes de la comunidad de Joyabaj llegaran al recinto municipal con el propósito de dialogar con el alcalde de la entidad sobre las disposiciones que les impedían establecer sus puestos comerciales en la plaza debido a las restricciones impuestas por el gobierno local, como parte de las medidas de prevención por la pandemia.
Los comerciantes denunciaron que existía un evidente favoritismo en el apoyo a la población en el crítico momento de pandemia y se opusieron a la instalación de una malla para evitar aglomeración en la plaza.
Ante la negativa del gobierno local y la violencia por parte de los miembros de la policía local, los ánimos se elevaron de tono y los inconformes ingresaron a la sede de los poderes locales e incendiaron la municipalidad. Horas después llegó la Policía Nacional.
El 28 de octubre del mismo año, la jueza del Juzgado de Primera Instancia Penal de Santa Cruz del Quiché vinculó a proceso a Anastasia Mejía, un mes después de su detención.
La audiencia de imputación de cargos, debió realizarse el 8 de octubre, sin embargo, la Fiscalía argumentó que se aplazaba veinte días por “falta de medios tecnológicos para hacerla”.
En la audiencia, la jueza otorgó arresto domiciliario a la periodista bajo los requerimientos de presentarse al Juzgado de Paz de Joyabaj cada 15 días, la prohibición de comunicarse con los agraviados y una multa de 20 mil quetzales (poco más de 54 mil pesos).
Por una mala coordinación entre el Juzgado y el Sistema Penitenciario, obligó a la periodista a pasar la noche en el Centro Preventivo para Hombres de Santa Cruz del Quiché, y no en el Centro Preventivo para Mujeres de Quetzaltenango, como le correspondía.
Días antes, La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos-Guatemala (UDEFEGUA) había manifestado que la detención de Mejía Tiriquiz “podría afectar seriamente al ejercicio de su libertad de expresión y de información” y pidió a las autoridades garantizar “una investigación judicial diligente y dentro de un plazo razonable”. La audiencia intermedia se celebraría el 11 de febrero de este año.
En este mismo contexto, otras dos detenciones llamaron la atención. Se trataron de los casos de Micaela Solís y Tomás Alonzo a quienes también se les fincaron responsabilidad y se les acusó, en primera instancia, de atentado con agravación específica y sedición.
El 1 de septiembre, el juez Amarildo Gilmar Barrios de León, del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, de Nebaj, también del municipio de Quiché, determinó que sólo enfrentarían el cargo de sedición.
Por su parte Wendy López Rosales, del Bufete para Pueblos Indígenas y abogada defensora de Micaela, manifestó que se trata de una política del Estado guatemalteco que busca criminalizar la protesta social, y expresó preocupación por tipificar las manifestaciones donde se considera “enemigo interno” a las personas que se manifiestan.
Esto va a sentar un precedente ya que actualmente en la coyuntura nacional que toda persona que salga a manifestar puede ser considerado un enemigo del Estado. Y se materializa esa enemistad tipificación del delito de sedición”, declaró.
Según el portal Reporteros Sin Fronteras (RSF), Guatemala se encuentra en el lugar 116 de 180 del ranking de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
Guatemala se ubica en la cuarta clasificación: un país con “Situación difícil”. Las estadísticas no son favorables al gobierno del centroderechista Alejandro Giammattei, quien sucedió al derechista Jimmy Morales.
De acuerdo a la numeralia de RSF, de enero de 2011 al 31 de julio de 2020 han sido presentadas 820 denuncias por agresiones a periodistas, un promedio de 91 denuncias al año.
También se ha denunciado que casi 50 periodistas han perdido la vida y cerca de 67 casos reportan lesiones, entre graves, culposas y leves. Entre las acusaciones más relevantes está la difamación y la violencia psicológica, el intento de soborno, la extorsión, acusaciones por sedición y robo.
Según Artículo 19, la violencia ejercida en contra de las mujeres en Guatemala es alarmante: 90% declara haber sido víctima de acoso sexual durante el ejercicio de su trabajo, y denuncia que las autoridades no persiguen estas acusaciones.