Timothy Hale-Cusanelli, de 32 años, trabajaba como guardia de seguridad en una estación naval en Nueva Jersey, cuando se unió a la turba protrump que irrumpió en el Capitolio, según informó el diario The New York Times.
En un juicio celebrado en mayo, en el Tribunal Federal de Distrito en Washington, Hale-Cusanelli, quien es el séptimo acusado de disturbios en ir a juicio, fue condenado por cinco cargos penales, incluyendo la obstrucción de la certificación de los resultados de las elecciones de 2020.
El acusado, señala el diario, ha tratado durante el juicio de restar importancia a su papel en el asalto, alegando que no tenía “ni idea” de que el Congreso se reunía en el Capitolio; sin embargo, los fiscales argumentaron que a Hale-Cusanelli, le gustaba vestirse muy a menudo de Adolf Hitler y que suscribe las ideologías de la supremacía blanca.
En este sentido, en un memorando de sentencia presentado la semana pasada por el Gobierno de Estados Unidos, se evidencia que Hale-Cusanelli le dijo a su compañero de habitación en la estación naval que se había sentido entusiasmado por el asalto al Capitolio, comparándolo con una “guerra civil”.
Asimismo, los fiscales descubrieron 34 de sus colegas dijeron que tenía “puntos de vista extremistas o radicales relacionados con el pueblo judío, las minorías y las mujeres”.
Además, un oficial naval que fue entrevistado afirmó recordar que Hale-Cusanelli dijo en una aparente referencia al Holocausto
Frente a este contexto, el juez encargado del caso, detalló que creía que las acciones de Hale-Cusanelli reflejaban “una profunda hostilidad e insensibilidad” hacia las minorías étnicas y religiosas, lo que tuvo consecuencias significativas, incluyendo el fomento de un reciente aumento de los ataques antisemitas.
Asalto al Capitolio
La Comisión Parlamentaria que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 por seguidores de Trump, demostró el alcance de las presiones ejercidas por el exmandatario sobre responsables electorales, tras la elección presidencial de 2020, que ganó Joe Biden.
“Las y los miembros del comité estimaron que el expresidente falló en su deber de comandante en jefe, ya que Donald Trump no llamó al ejército, al fiscal general ni a Seguridad Nacional, mientras veía por televisión la revuelta”, dijo la representante republicana Liz Cheney, vicepresidenta del comité.
El trabajo de la Comisión no conlleva consecuencias penales, es el Departamento de Justicia el que debe decidir si lleva el caso ante un tribunal.
Los fiscales federales que investigan el asalto al Capitolio ya condenaron a alrededor de un centenar de personas. El dilema actual es el que enfrenta el secretario de Justicia, Merrick Garland, quien se muestra prudente aunque no excluye esa posibilidad la posibilidad de apuntar a las personas responsables de la Casa Blanca.
“Cada persona penalmente responsable de los esfuerzos por anular la elección deberá responder por sus actos”, declaró.
Donald Trump también es objeto de investigaciones sobre sus intentos por anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y su papel en la asonada de sus seguidores.
Investigación de los hechos
Desde hace unos meses, la Comisión Legislativa inició su averiguación sobre la toma del Capitolio. Para ello, se centro en la campaña de presión montada por Donald Trump contra él que fuera su vicepresidente para ayudar al exmandatario republicano a anular su derrota en las elecciones presidenciales de 2020.
El Comité llevó a cabo una serie de audiencias televisadas sobre la toma del Capitolio. Varios testimonios de aliados cercanos a Trump aseguraron que le repitieron que Biden había ganado las elecciones con justicia, pero que a pesar de eso el exmandatario impulsó su narrativa de fraude electoral.
A medida que las decenas de demandas que presentaba Trump para tumbar los resultados iban cayendo una tras otra, Trump recurrió desesperadamente a Pence en busca de ayuda.
Tanto en sus mítines como en Twitter, la que fue la red preferida del exmandatario, Trump ejerció una intensa presión sobre Pence para que usara su cargo de presidente del Senado para rechazar los resultados de las elecciones el 6 de enero.