Este lunes, la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional de Honduras, dictó 22 años y 6 meses de prisión a David Castillo, ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA) y coautor intelectual del asesinato de la ambientalista lenca, Berta Cáceres, perpetrado el 2 de marzo de 2016.
Según la sentencia, que se emitió luego de un año de retraso y de cuatro postergaciones, Castillo fue condenado como “coautor intelectual” del asesinato de Cáceres y deberá cumplir su condena en la Penitenciaría Nacional, ubicada al norte de Tegucigalpa.
En 2019, un tribunal de Honduras, sentenció a siete personas por este crimen: cuatro fueron sentenciadas a 34 años de prisión (y a 16, respectivamente, por tentativa de homicidio a Gustavo Castro), por el asesinato y tres más fueron sentenciadas como coautores de dicho crimen.
El Tribunal dictó que Castillo “trabaje por el tiempo de la sentencia” en la Penitenciaría Nacional.
Por su parte, Lucía Villars, portavoz del, Poder Judicial, señaló a medios de comunicación que las defensas tienen 20 días para presentar un recurso de casación, que podría ratificar o modificar la sentencia y ordenar la repetición del juicio.
Por otro lado, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), liderado por Berta Zuñiga, denunció en conferencia de prensa, afuera del Tribunal, que “la sentencia a David Castillo no satisface la exigencia de justicia del pueblo lenca”.
Berta Zuñiga, hija de la ambientalista al megáfono, señaló que llevan más de 6 años de un ardua lucha “en la que nos hemos comprometido de corazón , […] por lo que significa la memoria de nuestra compañera Berta y no olvidamos su caminar en la defensa de los pueblos de los indigenas“.
Dijo que “es un momento crítico e histórico y decir que todo lo que hemos logrado ha sido por la lucha incansable”.
En lectura del comunicado, Berta dijo que sólo habrá justicia completa cuando se castiguen a los autores intelectuales del crimen, cuyas pruebas internacionales apuntan a los hermanos Jacobo, José Eduardo, Pedro Atala Zablah y Daniel Atala Midence.
Lamentaron, también que no se haya emitido la sentencia máxima a Castillo, dadas las pruebas y reprobaron que el estado hondureño, pese a las acciones simbólicas de utilizar la imagen de Cáceres en eventos oficiales y de declarla Heroína Nacional, “no hay avance concreto en la obtención de justicia”.
Por esta situación enfatizaron que la organización COPINH y los hijos e hijas de Berta, entregarán a la Presidencia de la República las propuestas para obtener justicia integral en el caso.
Agregó, al recordar las palabras de su madre y ganadora del Premio Medioambiental Goldman, “los pueblos sabemos hacer justicia, la justicia la haremos defendiendo nuestro territorio, dignidad y derechos […] seguiremos marchando por la justicia”, agregó.
Berta Cáceres fue asesinada en 2016, en su casa, ubicada en la Esperanza, Honduras. La activista lenca cofundó COPINH e impulsó la defensa de los territorios y del medio ambiente, al oponerse al proyecto de la hidroeléctrica Agua Zarca, cuya construcción sobre el Río Gualcarque afectaría a la comunidad indígena lenca.
El proyecto fue impulsado por la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA) (propiedad de la familia Atala Zablah) en colaboración con otras empresas transnacionales y con fondos internacionales.