El Tribunal Constitucional ruso ordenó este viernes el endurecimiento de las sanciones contra personas reincidentes en conductas de violencia doméstica.
Se trata de una decisión histórica según los defensores de los derechos de las víctimas, pero insuficiente en Rusia, un país especialmente permisivo en el tema.
Según las OMG´s, la violencia doméstica contra las mujeres y los niños es un verdadero azote en Rusia y desde hace tiempo era necesaria una legislación específica mucho más severa.
El Artículo 116-1 del código penal ruso sobre las sanciones administrativas por golpes no es constitucional. El legislador tiene que presentar cambios en el código penal”, señaló el Tribunal Constitucional.
Desde una reforma en 2017, la violencia doméstica que no conlleva heridas corporales o incapacidad es considerada como una infracción administrativa y no como un delito, incluso en caso de reincidencia.
Las condenas suelen ser multas o penas de trabajo forzado de interés general.
El legislador no tendría que haber ignorado la reincidencia, ya que refleja un peligro creciente para la sociedad, ilustra la persistencia del comportamiento del culpable y su tendencia a resolver los conflictos con la violencia”, mencionó el Tribunal Constitucional.
La jurisdicción considera que el Estado tiene que dotarse de medios penales más estrictos, sin los cuales la protección de los derechos de las víctimas será limitada.
El Tribunal fue requerido por una mujer agredida en múltiples ocasiones por su hermano quien, pese a reiterar su violencia, fue condenado en 2019 a 100 horas de trabajos de interés general.
Una de las medidas más urgentes es la creación de órdenes de alejamiento para prohibir que un sospechoso de violencia se acerque a sus víctimas, bajo pena de una sanción penal.
La mayor parte de las muertes se producen cuando la mujer busca dejar al hombre y este la persigue”, explicó Andréi Sinelnikov, director adjunto del Centro ANNA de ayuda a las víctimas.
Las asociaciones especializadas estiman que hay 16.5 millones de mujeres rusas víctimas de violencia doméstica.
La despenalización de estos actos estuvo impulsada por las corrientes conservadoras, muy influyentes, dentro del régimen de Vladimir Putin, especialmente la poderosa Iglesia ortodoxa rusa.
Según la Iglesia, si la justicia se inmiscuye en los hogares, romperá familias, algo que es incompatible con los valores espirituales y morales tradicionales de Rusia.