Embajadores de los países miembros de la Unión Europea (UE) se reúnen para dar la luz verde a la adopción del presupuesto plurianual y el plan de recuperación pospandemia, bajo la amenaza de veto por parte de Hungría, y posiblemente también de Polonia.
Hungría y Polonia se oponen de forma terminante al establecimiento de un mecanismo de condicionalidad que bloquea el acceso a fondos europeos a países que no respeten el Estado de Derecho, en particular la independencia del poder judicial y el respeto a los derechos fundamentales.
Los eurodiputados y los estados miembros del bloque ya habían acordado a principios de noviembre este mecanismo de condicionalidad, que permitió sellar un compromiso sobre el presupuesto europeo para el período 2021-2027, que va acompañado de un enorme plan de recuperación para superar los efectos de la pandemia de Covid-19.
No obstante, los líderes de Hungría y Polonia ya enviaron cartas a los dirigentes europeos amenazando con vetar el presupuesto y el plan de recuperación, siendo que la adopción de ambas iniciativas requiere el voto unánime.
El viceministro polaco de infraestructura, Marcin Horala, dijo que el criterio del Estado de Derecho es absolutamente confuso y constituirá una injerencia política discrecional en los asuntos internos de los países.
Por su parte, el viceministro de Asuntos Exteriores, Pawel Jablonski, confió en que el sentido común volverá a la UE y habrá una reflexión razonable y que no será necesario recurrir al veto.
A su vez, un diplomático europeo adelantó que no habrá una revisión de los documentos sobre la condicionalidad al Estado de Derecho.
Los jefes de estado y de Gobierno europeos acordaron en julio un plan de recuperación pospandemia por un valor de 750 mil millones de euros respaldado por un presupuesto 2021-2027 de más de un billón euros.