Los líderes de la Unión Europea (UE) lograron desbloquear su plan de recuperación tras la pandemia de coronavirus, al llegar a un compromiso con Hungría y Polonia para que levantasen el veto que mantenían por su rechazo a vincular estas ayudas al Estado de Derecho.
El acuerdo permitirá seguir con la tramitación del presupuesto comunitario para 2021-2027 y del Fondo de Recuperación, que movilizarán en total 1.8 billones de euros para hacer frente a las consecuencias del Covid-19, con el fin de que puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2021.
Además, tras 18 horas de negociación, los líderes siguen atascados en la búsqueda de un acuerdo sobre el porcentaje de reducción de emisiones de efecto invernadero para el año 2030, y no han logrado un consenso en torno al 55%.
Acuerdo sobre el marco financiero plurianual y el paquete de recuperación. Ahora podemos empezar con la implementación y reconstruir nuestras economías”, dijo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.
Para convencer a Budapest y Varsovia, los líderes comunitarios aprobaron una declaración que no modifica el mecanismo de condicionalidad, pero clarifica que se aplicará de forma justa e imparcial entre los estados miembros y garantiza que los países podrán recurrirlo ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Hungría y Polonia no han logrado por lo tanto tumbar esta regulación, que permitirá por primera vez congelar las ayudas europeas cuando un país viole el Estado de Derecho, pero han obtenido ligeras concesiones que les permiten vender en casa una victoria y conservar su derecho a millones de euros en ayudas.
Ganó el sentido común. Ganamos porque en tiempos difíciles, con la pandemia y los problemas económicos, no es tiempo para discusiones políticas e ideológicas que nos frenan”, mencionó el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.
El texto aclara que este mecanismo solo se usará para penalizar violaciones del Estado de Derecho que conciernan al presupuesto y si no hay otros mecanismos más efectivos, así como que los países afectados podrán pedir que se aborde el asunto a nivel de jefes de Estado.
Además, señala que si un país pide la anulación de esta regulación ante el Tribunal de Justicia de la UE, la Comisión Europea no podrá proponer medidas contra los potenciales infractores hasta que haya una sentencia judicial.