Venezuela denunció este lunes que el Gobierno de los Países Bajos negó los permisos a un vuelo que trasladaría a delegados del presidente Nicolás Maduro a La Haya para un encuentro con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan.
Los Países Bajos aduciendo (…) estratagemas han impedido el traslado efectivo y seguro de nuestra delegación, han puesto condiciones de imposible cumplimiento”, dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez, al frente de la delegación.
Rodríguez indicó que el encuentro, programado para este 14 de diciembre, forma parte del memorando de entendimiento firmado durante la visita del fiscal Khan a Venezuela en noviembre pasado, tras la cual se acordó una investigación contra el país por posibles crímenes de lesa humanidad durante protestas en 2017.
Venezuela eleva su más enérgica protesta contra el gobierno del reino de los Países Bajos por esta afrenta ilícita, ilegal, que violenta todo el ordenamiento jurídico internacional”, expresó la vicepresidenta.
Rodríguez señaló que la cancillería de Países Bajos les comunicó que no tienen suficientes pruebas para examinar la seguridad y protección de las aeronaves donde se trasladarían los funcionarios venezolanos.
Nuestra delegación sería trasladada en un vuelo no comercial de Conviasa (aerolínea estatal sancionada por Estados Unidos), en un vuelo oficial, con condición de vuelo diplomático, este avión se mueve por el mundo”, señaló Rodríguez.
Rodríguez indicó que ante la imposibilidad de viajar a La Haya han ofrecido opciones para que el fiscal Khan pueda realizar la reunión de trabajo en otro país que sea de fácil traslado para él.
La CPI, con sede en La Haya, abrió un examen preliminar en 2018 por la acción de efectivos de seguridad en las protestas que dejaron un centenar de muertos un año antes, caso que ahora pasa a la próxima fase.
Unos 150 efectivos policiales y militares han sido imputados por violaciones de derechos humanos desde 2017, según el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.
La CPI tiene otro caso de Venezuela en etapa preliminar, interpuesto por el Gobierno de Maduro, que en febrero 2020 pidió investigar como crímenes de lesa humanidad las sanciones de Estados Unidos contra el país.
La institución aún debe decidir si abre un examen preliminar.