Familiares y representantes de víctimas de la represión de violentas protestas en contra del gobierno en Perú, el pasado 9 de enero, denunciaron este jueves irregularidades en la investigación de los hechos, que dejaron 18 manifestantes fallecidos y unos 180 heridos.
En las manifestaciones en Juliaca, la principal ciudad de la región altoandina de Puno, falleció también calcinado un policía, hasta ahora el único miembro de las fuerzas del orden que ha perdido la vida en las movilizaciones que empezaron en diciembre.
“En Puno ha sucedido una masacre, han asesinado a civiles con armas de fuego. Puno precisa justicia pronta, son cerca de dos meses y aún las diligencias [fiscales] no se han realizado”, declaró Wilmer Quiroz, abogado de las víctimas en conferencia de prensa.
Relató que la investigación se ha dilatado pues estuvo inicialmente en manos de policías y fiscales especializados en crimen organizado, que acabaron dejando el caso a una fiscalía común de Juliaca.
Según Quiroz, este despacho solo ha recabado documentos y recién la semana pasada inició la revisión de videos que registran los incidentes del 9 de enero.
Señaló que no cuentan con pericias balísticas y psicológicas, ni declaraciones de los policías y soldados que participaron del operativo. Tampoco han citado a ninguna víctima para dar su testimonio, añadió Quiroz.
Los familiares demandan además que se inicien investigaciones contra los jefes del operativo, así como la apertura en Puno de una fiscalía especializada en derechos humanos.
Julia Paccsi, una de las víctimas, lavaba ropa en su casa cerca del aeropuerto aquel 9 de enero cuando el vuelo de helicópteros cimbró la vivienda y el gas lacrimógeno invadió su patio.
Paccsi sacó a la calle un balde con agua para ayudar a personas afectadas por el gas. Cuando la situación pareció calmarse salió a recoger el envase, pero sintió un impacto en el cuello.
“Un dolor sentí y me agarré el cuello y la gente que estaba ahí me decía: ¡señora, sangre!”, relató la mujer hablando con dificultad debido al disparo.
Como otros heridos en la protesta, Paccsi no acudió a ningún hospital público por temor a que la policía la detuviera. Cuando finalmente lo hizo le dijeron que en Juliaca no había especialistas por lo que debió viajar a Lima, donde continúa su tratamiento.
Perú ha vivido unos dos meses de agitación social luego de que la presidenta Dina Boluarte asumiera el cargo en reemplazo de Pedro Castillo, quien fue destituido por el Congreso.
Esto desató una ola de protestas, sobre todo en el sur andino, exigiendo la renuncia de la mandataria y la convocatoria a elecciones generales y a una Asamblea Constituyente.