La vinculación de la actual fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, con las adopciones ilegales de infancias guatemaltecas entre 1968 y 1990 son preocupantes, afirmó la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La ONU tiene conocimiento de, al menos, 80 infancias indígenas que fueron sometidas a adopciones ilegales internacionales, luego de haber sido institucionalizados en el “Hogar Temporal Elisa Martínez”, del que Porras era responsable hasta agosto de 1982.
Infancias extraídas de comunidades indígenas
Durante meses, Ignacio Segura pegó carteles buscando a su familia biológica en las calles de la ciudad de Guatemala. Nació en 1984 y fue adoptado por una familia canadiense.
Fue víctima de una extracción por parte de las Fuerzas del Estado, sus papeles fueron alterados y esperó casi dos años en un refugio antes de ser adoptado.
“Es mi sueño, que algún día llegar y abrazar a mi mamá, pero personalmente sería como un peso menos”, expresó Segura.
Su caso es similar al de otras casi cinco mil infancias que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de la Niñez Desaparecida, en Guatemala fueron extraídas de las comunidades indígenas y entregados a familias de extranjeros.
La Fiscalía afirmó que estas acusaciones son espurias y carentes de sustento. Pero sobre Porras continúan las acusaciones actuales por estas adopciones ilegales.
Además, enfrenta la pérdida del fuero, pues fue rechazada para ser parte de la Corte de Constitucionalidad en mayo de este año cuando termina su mandato como fiscal general, luego de haber sido designada para el puesto por el entonces presidente Jimmy Morales.