Hay un estado de impunidad a 53 años del genocidio reconocido por las autoridades mexicanas, pero no hay un solo genocida castigado por los hechos que sacudieron a México el 2 de octubre de 1968.
El único imputado por este crimen es el expresidente Luis Echeverría, sin embargo, estuvo en prisión domiciliaria por dos años y medio. El 26 de marzo de 2009 la justicia federal exoneró a Echeverría Álvarez del delito de genocidio cometido contra estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Con las reservas de ley quedó en libertad.
Esto significa que el Ministerio Público Federal tendría la obligación de continuar la acción penal y allegarse de nuevos elementos de prueba para solicitar una nueva orden de aprehensión en ese asunto. Han transcurrido 12 años en los cuales la fiscalía a cargo no ha hecho ninguna acción para buscar nuevas pruebas contra Luis Echeverría, el único imputado por ese crimen, y con eso, el caso queda impune nuevamente”, señaló Víctor Guerra, abogado integral del Comité del 68.
Resaltó que Echeverría es el único señalado en los hechos, pero hay una serie de funcionarios de otros niveles que también fueron parte de la indagatoria por el 2 de octubre del 68. Muchos de ellos ya murieron, pero hay varios funcionarios del Gobierno actual que participaron en los hechos.
La gente que manejó el Batallón Olimpia y que ejecutó la operación Galeana son de la Secretaría de Defensa Nacional, pero no hay procesos contra los mandos militares. Hay personas identificadas del Batallón Olimpia, pero la Fiscalía no los ha llamado a cuentas porque al final de la historia lo que vemos es que durante todos estos años se ha tenido un manto de impunidad ante los crímenes. No tienen un verdadero interés en sancionar penalmente a los autores materiales e intelectuales de esos hechos. Echeverría está vivo y por su lugar en la cadena mando debería estar rindiendo cuentas, pero el ministerio público del caso no ha hecho nada para procesarlo”, reclamó el abogado en entrevista.
Las víctimas del ataque no tienen actos de autoridad para solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) los archivos del 2 de octubre de 1968, donde seguramente encontrarían a los responsables que ordenaron y ejecutaron el genocidio de Tlatelolco.
“Nosotros no podemos llamar a cuentas a nadie. Esa función es de la Fiscalía. Es importante recordar que cuando se creó la Fiscalía Especial para los Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, derivó toda la acción penal. En ese momento la fiscalía sí realizó un trabajo de investigación y se sentaron las bases para establecer que lo ocurrido el 2 de octubre de 1968 fue un genocidio y que es de suma relevancia porque en la época moderna, los genocidios están penados por la Corte Penal Internacional”, explicó Víctor, pero la Corte pide que todos los recursos legales se agoten en México para que ellos intervengan de manera internacional.
“Sin embargo, esto no se puede hacer porque la Fiscalía no hace nada, el caso está abierto, pero no avanza es una traba muy perversa para no ir a las instancias internacionales”.
En el 50 aniversario el Comité de las Víctimas del 68 metió un amparo por la inacción del ministerio público y en cuanto entró el amparo hicieron diligencias de investigación, pero cuando este concluyó dejaron de trabajar.
A finales de agosto hablamos con Andrés Manuel López Obrador y conformamos un grupo de trabajo para hacer una Comisión Presidencial para la Investigación de los Delitos Pasados. Sin embargo, esta comisión no tiene facultades para llamar y castigar penalmente a los responsables. Se puede alcanzar un conocimiento de los hechos, pero no se tendrá la consecuencia. En esa reunión nosotros pedimos que se cree una fiscalía especial para llevar el caso de genocidio que pueda tener autoridad y acción penal contra los implicados en aquella noche y que la impunidad se devane con la justicia”, declaró Víctor Guerra.