Abogadas, peritas y periodistas fueron parte de una investigación que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) realizó tras publicar y demostrar irregularidades en el caso de las fosas de San Fernando, Tamaulipas.
Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Mercedes Doretti, fundadora del Equipo Argentino de Antropología Forense, y Marcela Turati, periodista de investigación mexicana, son tres mujeres que señalaron anomalías y negligencias que el Estado mexicano cometió dentro del caso de las
fosas de San Fernando 197/2011.
Ahora ellas señalaron que
fueron investigadas bajo los argumentos de secuestro y delincuencia organizada, en el tomo 221, de esa carpeta de investigación.
La abogada Ana Delgadillo acompaña y representa a las familias de este caso. Denunció irregularidades en el hallazgo de fosas de San Fernando. El
Ejército hace el hallazgo y no ofrecen toda la información inicial que es fundamental para la investigación y las familias; después dividieron el caso en dos, una parte se fue al fuero común y otra a la entonces PGR. También vieron que algunos restos fueron quemados sin autorización de las familias y otros fueron entregados de manera equivocada.
Desde la organización tenían seis años buscando el expediente en las diferentes instituciones, hasta que se dieron cuenta, a través de amparos y juicios, que estaba en la Subprocuraduría de Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Fueron entregando la información a cuenta gotas y cuando dieron por concluido el archivo, notaron que faltaba un tomo, el 221 que se los entregaron hasta mayo de este año.
En el tomo 221 nos damos cuenta que había una investigación ilegal en contra de las víctimas, de Marcela Turati, de Mercedes Doretti y en mi persona. Pidieron examen de grafoscopía, pidieron a la SRE los archivos personales de Marcela y Lorena y todo lo hicieron basándose en el marco jurídico de delincuencia organizada y secuestros”.
“Pidieron los registros telefónicos de Mercedes, de Marcela y míos, registros por cerca de un año.
Esta investigación contra nosotras se inició en el año 2016, pidieron todos los números con los que nos comunicamos, nuestros mensajes y los
puntos de geolocalización, obtuvieron muchísima información y lo que hacen es
vincular cuando nos comunicamos entre nosotras y las víctimas”,
detalló la abogada.
Precisó que mandaron información a la Policía Federal para conocer cuándo, con quiénes y en qué lugares se encontraban. Fue cerca de año y medio del contenido de sus celulares.
El tomo termina con la portada de la revista Proceso que tiene que ver con publicaciones de las irregularidades en los caos de las masacres de los migrantes. Pero también quiero señalar que treinta tomos antes vimos diligencias en las que el ministerio público pedía que las familias fueran examinadas en sus firmas y citando la Ley de Delincuencia Organizada para esto, igual que a nosotras”, precisó la abogada.
La abogada destacó que sólo tienen una parte parcial sobre esa investigación, sin embargo, no se han entregado todos los anexos del tomo 221 por lo que no saben qué tanta información personal fue recabada por la PGR. Hasta el momento las tres mujeres no saben en qué calidad jurídica están, ni cuál fue la conclusión de esa investigación dado el hermetismo que han tenido frente a las autoridades federales.
“Lo más grave y la tremenda impresión para nosotras es
encontrarnos en el mismo expediente donde están buscando a los
criminales de estas masacres y somos nosotras las que buscamos justicia y terminamos investigadas bajo parámetros de delincuencia organizada”.
“Ojalá que hicieran ese trabajo para las víctimas cuando llevan el celular de su desaparecido o cuando tienen pistas, pero no lo hacen, ojalá que esta maquinaria la usaran para buscar a quienes hicieron este crimen. Esta investigación atenta contra las víctimas, contra la libertad de expresión, contra el acceso de justicia y los servicios forenses independientes, este es mensaje que mandan desde el Gobierno mexicano a quienes quieran decir la verdad”, expresó Lorena.
Mercedes Doretti, fundadora del Equipo Argentino de Antropología Forense dijo no saber por qué abrieron esta investigación contra ellas, sin embargo, sí saben que estaban haciendo en el año 2015, tiempo que centró esta investigación.
“Ese año sucedieron dos cosas,
se produjeron 50 identificación en menos de un año y descubrimos un alto número de irregularidades en el caso 197/2011. Creamos un
marco interdisciplinario de identificación forense que entregábamos en el área de observaciones y recomendaciones, ahí es en donde poníamos todas las irregularidades y solicitábamos que el ministerio público del caso las mandara al área de asuntos internos y a su vez esos dictámenes fueran entregados a las familias y defensores en notificaciones de identificación. A su vez
estábamos trabajando en el análisis del basurero de Cocula, relacionado al caso
Ayotzinapa”, relató Mercedes Doretti.
Relató que durante ese año sufrieron hostigamientos, los cuales, relacionaban con el caso de la desaparición de los jóvenes normalistas de Guerreo, por lo que solicitaron el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos.
Esta investigación que han hecho contra nosotras no se cierra, pero es en sí misma una investigación ilegal que atenta contra la libertad de prensa, el derecho a la representación legal y el derecho a una investigación forense independiente que son derechos de las familias”, mencionó la antropóloga.
Marcela Turati recriminó que “hacer periodismo de esta forma es caminar en un campo minado de impunidad”, y reprochó la censura a la libertad de expresión.
Es un intento de golpe porque es un país donde hablar cuesta la vida”.
“Lo que podemos garantizar los periodistas es guardar los datos de nuestras fuentes, pero
aquí rompieron, con todo respeto, a la libertad de expresión, yo creo que el periodismo es una comisión de la verdad, aunque fragmentada, es una
comisión de la verdad en tiempo real porque donde no hay periodismo es más fácil que cometan mascares,
desapariciones y torturas impunes. Porque donde no hay periodismo la vida está en riesgo, por eso creo que la
defensa por el periodismo es una lucha por la verdad y la justicia”, subrayó Turati.
