Activistas, comunidad académica y defensores exigen que se respete la nueva ley minera, aprobada a finales de abril, y que se dé paso a su reglamentación para implementarla.
Y es que temen se socave a esta nueva ley luego de las impugnaciones que impulsaron 198 legisladores del PAN, PRI y PRD ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el pasado 7 de junio.
La ley fue presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, modificada y aprobada por el Congreso a finales de abril. Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de este año.
Ante esa decisión, en un foro que organizaron el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en conjunto con el colectivo ¡Cambiémosla ya! las personas inconformes inconformes hicieron un llamado al Poder Judicial para respetar la nueva ley, en la que dijeron que aún hay retos y desafíos, pero reconocieron que hay un avance sustantivo para limitar esta actividad extractiva.
Los participantes en este foro estuvieron como parte de las personas que colaboraron en el diseño de la ley, por lo que resaltaron que proviene de la participación social.
Sostuvieron que entre los mayores retos se encuentra la reglamentación, para luego dar paso a su implementación efectiva. Y es que el gobierno federal tiene a más tardar 180 días después de la publicación de la Ley Minera, para aprobar el nuevo reglamento, luego de su aprobación en mayo.
Los ponentes criticaron que ya han pasado dos meses y la Secretaría de Economía no se ha reunido con organizaciones, pueblos y afectados para llevar a cabo esa reglamentación.
Los y los ponentes que participaron en este foro, enfatizaron en que un reto importante es hacer frente a los intereses de la cúpula empresarial, que se ha opuesto a la ley, por lo que urgieron a la sociedad en general a unirse para dar pie a defender la nueva ley.
Otro de los retos que ven es la falta de coordinación institucional, principalmente la resistencia de la Secretaría de Economía, por lo que urgieron a que se unan los esfuerzos y el trabajo colaborativo para lograr la reglamentación.
¿Qué contempla la nueva Ley Minera?
Fue en el año 1992, luego de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) que el estado emitió la Ley de Minería. En ella se dio libre paso a las empresas transnacionales para operar esta actividad con el único fin de enriquecerse sin considerar los graves daños ambientales, de salud, despojo y violencia hacia los territorio y pueblos originarios.
En esa ley se clasificó a la minería como una actividad preferente sobre cualquier otra. En la nueva ley eso desaparece, además las comunidades originarias podrán recibir 5% de los beneficios de explotación minera, las concesiones se reducen a 80 años y no se podrán otorgar concesiones de forma libre sino a través de licitaciones públicas.
Con la Ley Minera se reforma también la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos.
Además, se establecen que no habrán concesiones sobre zonas de escasez de agua o en Áreas Naturales Protegidas (ANP).
Al respecto, Agustín Ávila Romero, Director General de Políticas para el Cambio Climático de SEMARNAT, dijo que durante más de tres décadas México fue el paraíso de las empresas mineras ya que había políticas ambientales permisivas y laxas, para otorgar concesiones mineras.
En México, hay aproximadamente hay 1671 concesiones mineras sobre 70 ANP’s. De acuerdo con la Secretaría de Economía eso equivale a 1.5 millones de hectáreas, más o menos el tamaño del estado de Chihuahua.
Uno de los cambios más sobresalientes es en el tema de derechos humanos ya que las poblaciones indígenas y afromexicanas deberán ser consultadas previamente, informadas y se deberán respetar sus derechos sobre los territorios como pueblos originarios.
Los y las ponentes hicieron un llamado y reconocieron que en la ley aún debe trabajarse, “no fue aprobada en las mejores condiciones. Es lo que hay [..] por eso es importante hablar para defender frente a la decisión de la Suprema Corte. Derecho no es lo mismo que la justicia”, sentenció Beatriz Olivera, integrante de la colectiva ¡Cambiémosla ya! organización que ha participado en la ley.