La inconstitucionalidad de los artículos impugnados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que consideraban a la marihuana como sustancia prohibida, no despenaliza el uso de cannabis y podría generar problemas y contradicciones en la regulación al resto de los estupefacientes y los psicotrópicos, según apuntó el colectivo “Marihuana Liberación”.
Los artículos 235 y 247 de la Ley General de Salud no tienen efecto para la sociedad en general, ya que es necesario contar que en -los artículos del 193 al 195 bis y el 198- el Código Penal Federal existe la prohibición para la portación, traslado y consumos del cannabis”, puntualizaron desde el colectivo.
Esto significa que según la Ley General de Salud la marihuana no es dañina, sin embargo, el código penal sigue diciendo que es ilegal portar o consumir cannabis. Por lo que cada persona tendría que pedir autorización a la Secretaría de Salud para que la policía no lo arreste.
Esta tesis podría dejar una prohibición parcial al uso lúdico de la marihuana, sometiéndola a una observación científica o estadística, que es lo único que le permite el marco legal mundial de restricciones a la hierba.
El cultivo doméstico de cannabis para consumo personal, que en tiempos de prohibición fue un recurso de proveeduría que evitaba el recurrir al crimen organizado, pero que, una vez decretada la reforma que termina con la prohibición a la producción, ya no es necesario, pues las comunidades campesinas y el Gobierno, o concesionarios, podrán proveer cannabis, dando cumplimiento a la tesis de la jurisprudencia sobre el derecho a consumir cannabis, sin necesidad de “autocultivo”.
El problema es que éste sólo se puede autorizar siempre y cuando se encuentre enmarcado en un protocolo de observación científica al consumo y que genere ingresos públicos.
El ‘autocultivo’ como está planteado en estos momentos evitará ingresos públicos a los sectores salud y rural y eso es un grave error. Las y los consumidores que nos hemos organizado en ‘Cáñamo Liberación’, queremos apoyar con recursos económicos al gobierno, y sobre todo al sector salud de México, en esta crisis por la epidemia del COVID-19″, señaló Jesús García, representante de la ONG.
Además, afirmó que la reforma sobre cannabis no debe basarse en las premisas de la jurisprudencia que se discutió, sino que “deben responder a los mayores aprovechamientos y beneficios ecológicos, sociales y culturales de los cannabis”.