La reforma constitucional en materia de pueblos indígenas y afromexicanos, aprobada este miércoles en la Cámara de Diputados, es un acto de elemental justicia para estas comunidades, pues con ello se podrán revertir las lamentables condiciones de pobreza, discriminación, exclusión y racismo en las que por muchos siglos han vivido, manifestó Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
En una entrevista con el noticiero Punto de referencia, el titular del INPI habló sobre los alcances de la reforma, que reconoce a dichos pueblos como sujetos de derecho público.
“La piedra angular de esta reforma aprobada por unanimidad, implica que a partir de ahora, las decisiones que tomen nuestros pueblos y comunidades en sus asambleas o en otras instancias de decisión, serán plenamente válidas ante el Estado, el Gobierno, la sociedad y ante terceras personas”, expresó.
Dijo que los pueblos también podrán ser sujetos para la asignación de recursos públicos que ejercerán de manera directa, sin ningún tipo de intermediario. Además, ellos mismos podrán a través de sus autoridades y representantes, construir sus obras y acciones, así como administrarlas.
Otro aspecto a destacar de la reforma, explicó, es que serán los propios pueblos quienes podrán acudir ante las instancias jurídicas correspondientes, para defender sus derechos: “están ahora legitimados para hacerlo, sin ningún tipo de intermediación”.
Adelfo Regino Montes también explicó que las comunidades indígenas y afromexicanas tendrán la facultad de tomar decisiones para nombrar y elegir a sus autoridades municipales, a través de asambleas comunitarias. Además, podrán tomar decisiones, sobre todo para resolver conflictos de diversa índole en el ámbito comunitario.
Sostuvo que hoy ha quedado claro que “los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, son un consenso nacional”.
“Ahora si podrán ejercer sus formas de Gobierno y organización comunitaria, por eso la trascendencia de esta reforma; y en el último de los casos, se trata de dar cumplimiento a los acuerdos de San Andrés (sobre derechos y cultura indígena) que lamentablemente no fueron acatados en sus términos en la reforma constitucional de 2021”, concluyó el entrevistado.