Para simplificar y garantizar el acceso a beneficios que se otorgan a las personas adultas mayores con la credencial INAPAM, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa para que puedan acreditar su edad mediante otras identificaciones oficiales.
Teniendo en cuenta que descuentos en salud, transporte, alimentación, vestido, entre otros bienes y servicios contribuyen al bienestar de las personas adultas mayores, la diputada de Morena, Lizeth Amayrani Guerra Méndez suscribió y promovió esta iniciativa, cuya reforma fue aprobada en lo general con 453 votos a favor.
Desde la tribuna, Guerra Méndez explicó que esta medida coadyuvará en el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores, a través del acceso a beneficios, descuentos, tarifas preferenciales o exenciones en el uso de diversos servicios.
Cabe señalar que se continuará con la expedición de la identificación por parte del INAPAM, así también, se asegura el acceso a los beneficios y programas sociales.
La representante federal, al referirse a este dictamen, contextualizó que para hacer efectivos estos beneficios, se tenía que presentar la credencial expedida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). Sin embargo, añadió que no todas las personas adultas mayores cuentan con esta credencial, por lo que se ve restringido su derecho a gozar de estas prerrogativas establecidas en la ley.
Añadió que atendiendo esta situación, fue que promovió que se pueda sustituir la credencial del INAPAM con alguna identificación oficial, credencial de jubilado o pensionado, o alguna credencial que lo acredite como persona adulta mayor.
En este sentido, expresó que la edad podrá ser comprobada mediante identificación oficial, como la credencial del INE, pasaporte o cualquier identificación de jubilado o pensionado que lo acredite como persona adulta mayor. Para tal fin, se deroga la fracción XIX del artículo 28 y adiciona un artículo 28 Bis de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Refirió que actualmente la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, prevé que la política pública nacional debe dirigirse, entre otras cosas, a establecer las bases para la asignación de beneficios sociales, descuentos y exenciones para este sector de la población.
Guerra Méndez apuntó que este grupo poblacional se enfrenta a vulnerabilidades como no tener acompañantes para realizar el trámite de credencialización, la imposibilidad de hacer largas filas de espera y hasta violencia institucional. Además, actualmente, con la contingencia sanitaria son considerados un grupo de mayor riesgo.
De tal forma que esta medida tiene como objetivo que todas las personas adultas mayores que acrediten tener 60 años o más, puedan disfrutar de los beneficios de una manera más simplificada.