Afectados por contaminación de Río Sonora, congregados en los Comités de Cuencas, exigen que instituciones cumplan con remediación ambiental, tras nueve años del derrame tóxico de Grupo México.
Estas exigencias se dan luego de que Semarnat reconoció que Grupo México contaminó el Río Sonora, y que el derrame no fue un accidente sino que fue causado por un deficiente diseño hidrológico del sistema Tinajas 1 de la empresa.
Estos hallazgos fueron presentados junto con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) en el Dictamen de Diagnóstico Ambiental Río Sonora.
De acuerdo al peritaje ambiental, que se hizo con base científica, y que contó con el monitoreo de suelo, aire, biota, agua y sedimentos, además de evaluar las pérdidas económicas, el documento confirma que la contaminación crónica del suelo, aire y agua es producto tanto del derrame tóxico de 2014 en los Ríos Sonora y Bacanuchi, como de la actividad minera de Buenavista del Cobre, de Grupo México.
También encontró mercurio en agua, aire y suelo, excediendo valores recomendados, “no es un elemento que se encuentre en la geología natural de la zona, sino que proviene de la actividad minera y llega hasta la boquilla de la presa El Molinito, que alimenta a la ciudad de Hermosillo”, señala el Comité de Cuencas de Sonora.
Determinó, también, que el costo total del impacto por el derrame tóxico asciende a más de 20 mil 508 millones de pesos.
Pero no fue sólo eso, también entre los hallazgos sobresale que hay sobreexplotación grave de los mantos acuíferos en la zona atribuible a la extracción extensiva de cobre, que realiza la empresa minera.
Uno de los puntos que preocupa a las personas afectadas es que Semarnat no acepta el cierre del Fideicomiso Río Sonora (FRS) de 2014, porque no ha llegado la remediación ambiental y expiraría en el 2026.
De acuerdo con Marta Patricia Velarde Ortega, integrante de los Comités de Cuenca del Río Sonora, la impunidad es una de las cuestiones que más le preocupan,
“Es lo que hace que empresas como Grupo México actúen de esa manera, por eso nos da mucho gusto este dictamen. Ya están las herramientas realizadas con metodologías científicas para demostrar que no hubo un accidente, la presa gigantesca de jales que está ahorita (la nueva en el río, en los afluentes del río Bacanuchi, junto con la otra presa, presenta fallas muy importantes que también ya le fueron requeridas a la empresa y no hacen nada nada nada al respecto”, denunció la activista y afectada a Once Noticias
Patricia sentenció que uno de los errores que se cometió es que el caso era un proceso penal, que estaba en manos de jueces, pero el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto, lo hizo un problema administrativo, por lo que ahora tienen expectativas de que el gobierno actual actúe a favor de cientos de personas afectadas, y no a favor de los intereses de la empresa.
Con respecto al Fideicomiso (cuya cantidad era poco más 2 mil millones de pesos inicialmente) en enero de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia en donde se declara que es ilegal el cierre del fideicomiso. En el año 2021, se vuelve a declarar abierto, aunque el cuello de botella, de acuerdo con las declaraciones de Velarde Ortega, es que el Estado de Sonora es que haya un comité de administración, para que opere ese fideicomiso.
Estos resultados sólo le dan la razón a las personas afectadas, quienes han sostenido una lucha incesante. Y es que hay que recordar que hace 9 años la empresa minera Buenavista del Cobre SA de CV, filial de Grupo México, cuyo dueño es Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más acaudalado del país y su empresa es la tercera productora de cobre más grande del mundo, derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado a los ríos Sonora y Bacanuchi.
La activista dijo que sumado a esta lucha está el tema del agua, porque ahora la empresa ya no sólo se dedica al cobre sino también a la extracción de zinc, por lo que continúa extrayendo agua de la cuenca.
“El llamado que tenemos es que esperamos la realización de acciones muy concretas. Queremos que los planes que ellos tengan [instituciones como Profepa y Conagua] vengan acompañados del presupuesto necesario para que se ejecute. Que se nos den garantías de no repetición”.
Agregó que hacen un llamado a los legisladores y a la Cámara de Diputados, “para que las sanciones sean de cuerdo a los daños que provocaron, porque las empresas lo único que hacen es incorporar las multas a los costos de operación. Queda mucho por hacer”, concluyó Patricia Velarde a este medio.
Grupo México responsable del peor desastre ambiental en México