Tras una larga espera, será 2023 el año en el que los habitantes de la región de La Laguna en Coahuila y Durango dejarán de tomar agua contaminada con arsénico, lo que representa un problema para la salud al provocar enfermedades en la piel y órganos, incluso cáncer.
Para atender este problema, ignorado durante décadas por las administraciones pasadas, y para garantizar el derecho humano al agua, el Gobierno Federal construye el proyecto integral “Agua saludable para La Laguna“, con una inversión de 14 mil 793 millones de pesos.
La obra ya tiene un avance de 25% y una vez concluida, en diciembre de este año, aportará 200 millones de metros cúbicos de líquido adecuado para consumo humano.
“Agua superficial con una calidad mucho mejor que la que se obtiene actualmente del acuífero. El río Nazas es el principal proveedor de esta agua y beneficiará a 1.6 millones de habitantes”, detalló Germán Martínez Santoyo, director General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Las personas beneficiadas son habitantes de más de 300 localidades repartidas en 9 municipios de Coahuila y Durango, entre ellos Torreón y Gómez Palacio.
El proyecto contempla una presa, plantas de bombeo y potabilizadora, acueductos y tanques de almacenamiento, y forma parte de los 15 proyectos hidráulicos que el Gobierno Federal desarrolla a lo largo y ancho del territorio nacional.
Aunque no del mismo modo, el sureste del país también enfrenta escasez de agua potable.
En Tabasco, Conagua construye un acueducto y dos plantas potabilizadoras para llevar agua a más de medio millón de habitantes de Macuspana y Villahermosa.
“Todas estas obras que se están realizando tanto la de Benito Juárez en Macuspana, como la de Villahermosa, tienen una cobertura en las fuentes de abastecimiento, de acuerdo con el crecimiento poblacional, para 20 años de cobertura”, señaló Felipe Irineo Pérez, titular del Organismo de Cuenca Frontera Sur.
Y en San Luis Potosí, la Conagua realiza trabajos para reparar fallas y filtraciones en la presa “El Realito”, que afecta a la zona conurbada de la capital potosina.
“Hemos estado trabajando con el Gobierno del estado de San Luis Potosí y con la alcaldía para mitigar estos efectos negativos para la población”, refirió Martínez Santoyo.
