Pobladores y representantes exigieron que autoridades den cumplimiento cabal a las recomendaciones que hizo CIDH, desde el año pasado, y pidieron que se cumplan las peticiones de los representantes de estas medidas, esto tras la visita que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al municipio de Aldama y Chenalhó, en Chiapas, la mañana del 12 de julio.
La delegación de la CIDH, integrada por Esmeralda Arosemena de Troitiño, comisionada y relatora para México y Pueblos Indígenas; Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva; y dos especialistas de la sección de medidas cautelares y provisionales de esa comisión, visitaron a la comunidad de Magdalena, en Aldama.
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob), la agenda de trabajo de la CIDH en Chiapas, abarca del 11 al 15 de julio y el objetivo es supervisar la Resolución 102/2021 de la CIDH sobre la adopción de medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de las personas beneficiarias de las medidas cautelares MC-882-17 y MC-284-18, por cuestiones de seguridad y desplazamiento.
Las medidas cautelares fueron otorgadas en favor de 22 comunidades tsotsiles en Chenalhó y Aldama, Chiapas, desde el año 2021.
En ese marco, representantes de las 12 Comunidades Beneficiarias de las Medidas Cautelares con No. 284-18 de la CIDH y representantes de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Magdalena Aldama, expresaron que estas medidas cautelares fueron emitidas desde el 23 de abril de 2021, a favor de 12 comunidades de Aldama con resolución 35/2021 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Sin embargo, denunciaron que hasta el momento no existen avances contundentes en sus demandas entre las que destaca:
- La liberación inmediata del representante de los 115 comuneros, Cristóbal Santiz “preso político”.
- Apoyo humanitario.
- Base de operaciones mixtas.
- Equipamiento de hospital para personas heridas y población en general.
- Albergue para personas desplazadas en las 12 comunidades. Una nueva escuela primaria, en Tabac
- Radios de comunicación y teléfonos satelitales.
Estas peticiones fueron presentadas el 24 de junio de 2021 ante diferentes instancias del gobierno, pero hasta la fecha no se han cumplido “a excepción de los puntos 4 y 8 que fueron sustituidos; mandaron recorridos interinstitucionales, pero de igual forma las agresiones armadas continuaron […] El punto 8 fue sustituido por una antena repetidora de la compañía Telcel”.
Los pobladores de Aldama explicaron, a través de un comunicado, que la falta de cumplimiento impacta de forma negativa en la región, pues se han registrado más agresiones por parte de la comunidad vecina, según lo han documentado.
Expresaron que el 14 de junio de 2022 se llevó a cabo la firma de un proyecto conciliatorio que quedó sentenciado ante el Tribunal Unitario Agrario, con la finalidad de que no vuelvan a ocurrir despojos o un conflicto de nueva cuenta.
“Lo único que pedimos es vivir en paz y poder retomar nuestras vidas cotidianas y en donde la niñez retorne a las aulas escolares, en donde el transito sea libre sin miedo, en donde ir a nuestras parcelas ya no seamos casados como animales. A través de estos acuerdos que se han firmado, los daños económicos, materiales, físicos y psicológicos siguen latentes en nuestros corazones”, dijeron.
Exigieron que se realice el seguimiento y que autoridades den cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH, a través de las medidas cautelares. Por tal motivo pidieron:
“libertad inmediata e incondicional de nuestro compañero Cristóbal Sántiz Jiménez, indemnización y reparación de daño hacia su persona. Cancelación de las ordenes de aprehensión los que fueron representantes de los 115 Comuneros. […] que los tres niveles de gobierno apoyen […] en atención médica. Indemnización de heridos y muertos, a partir del 8 de mayo de 2021, hasta la fecha. Indemnización de pérdidas de cosechas”, concluyeron enfáticos.
El conflicto, en Aldama y Chenalhó, deviene desde los setenta por la disputa de 60 hectáreas de tierra. Sin embargo, se ha intensificado desde el 2018 y pese a los acuerdos de paz, prevalecen agresiones y ataques armados, lo que dejado un saldo de al menos 3 mil 499 personas desplazadas, decenas de heridos y de personas muertas, así como la detención del representante de los 115 comuneros, Cristóbal Sántiz.