En el último día de su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional, así como la de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos.
El jefe del Ejecutivo mencionó que actualmente, la Guardia Nacional cuenta con 130 mil elementos distribuidos por todo el país en sus 500 instalaciones y cuarteles, todos construidos durante su administración.
“Ya es una institución acreditada para proteger a los ciudadanos, y se logró con esta reforma, que pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual le va a dar solidez, permanencia, disciplina, y manejo honesto, sobre todo el que no se vincule a la delincuencia organizada ni a la delincuencia de cuello blanco”, aseveró.
Por otra parte, explicó que la reforma en favor de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, es una reforma “del México profundo”, mediante la que se garantizan los derechos de los pueblos originarios “la verdad más íntima de nuestro país”.
El Presidente destacó que 26 legislaturas estatales dieron luz verde a ambas reformas, por lo que agradeció a las y los legisladores locales.
Reforma a la Guardia Nacional
Con esta reforma constitucional se reconoce a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública profesional de carácter permanente, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
También faculta al Congreso de la Unión a expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública.
Además, establece que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de Gobierno, incluida la Guardia Nacional, deben coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Reforma de pueblos indígenas y afromexicanos
Esta reforma reconoce a los más de 19 millones de integrantes de estos sectores de la población como sujetos de derecho público, dotándolos de personalidad jurídica y patrimonio propio.
Esto permitirá que las comunidades puedan tomar decisiones de manera autónoma en sus asambleas, y establecer sus propios sistemas de gobierno, además de impulsar su desarrollo económico, social y cultural.
Uno de los puntos clave de la reforma es asegurar el derecho a la consulta para los pueblos indígenas y afromexicanos, en caso de que una medida legislativa o administrativa pueda afectarlos.
Asimismo, se obliga a las autoridades federales, estatales y municipales a adoptar medidas para combatir la discriminación, el racismo y la exclusión que históricamente han enfrentado estas comunidades.