El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a atender el problema legal que se mantiene con la empresa estadounidense Calica, por el daño ambiental que causó en Playa del Carmen, Quintana Roo, para exportar grava a suelo internacional.
“Es una denuncia, hay un panel, hay un tribunal internacional que está decidiendo. Nosotros hemos invitado a los integrantes de este tribunal a que visiten la zona, que vean la devastación causada por esta empresa estadounidense”, expuso López Obrador.
El mandatario mencionó que la empresa ha rechazado el diálogo con el Gobierno y quiere continuar sacando material en una zona de recurso natural que ha afectado acuíferos.
“Vamos a poner orden antes de que terminemos, porque ellos están -y también no sólo ellos, otros- están esperando que termine nuestro gobierno, cuentan los días. Y también están equivocados porque la transformación va a continuar”, agregó el mandatario.
También señaló que los grupos de ambientalistas que hoy realizan activismo “estaban dormidos, en sueños, cuando todo esto pasaba. Es hasta ahora con el Tren Maya que llovieron los amparos y las denuncias, cuando hemos cuidado la naturaleza como nunca se había hecho”.
¿Qué es Calica?
Calica es una empresa dedicada a extraer y comercializar piedra caliza donde opera la planta de la empresa “Calizas Industriales del Carmen SA de CV”, filial de la minera estadounidense “Vulcan Materials”.
Cuenta con dos concesiones para manejar dos terminales marítimas en Quintana Roo. Una de estas es para el uso y manejo del material pétreo y la segunda es de uso público, al cual es utilizada para el movimiento de transbordadores y cruceros turísticos.
En esta planta muelen y trituran piedra caliza para producir los agregados de construcción para carreteras, puentes, hospitales, escuelas, iglesias, etc.
En la década de los 90, el gobierno le otorgó contratos a la empresa para operar en esa zona sin un estudio ambiental.
Calica ha devastado miles de hectáreas de la selva, ríos subterráneos, cenotes, manglares y ha dañado el hábitat de animales en peligro de extinción.
Como consecuencia, el presidente López Obrador inició una serie de conversaciones con la empresa para frenar sus actividades. Además, de recuperar uno de sus predios para construir una estación del Tren Maya.
La empresa presentó una demanda internacional de arbitraje contra México en 2019. La planta se ubica en carretera federal Chetumal-Cancún en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo.