El Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el Poder Judicial se encuentra en una decadencia luego de que un juez otorgó un amparo al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contra la orden de aprehensión en su contra, por delincuencia organizada y lavado de dinero.
“Es parte de la decadencia del Poder Judicial, no se ha podido reformar ese poder que viene del antiguo régimen y está infectado de corrupción, es un Poder Judicial que se fue construyendo para proteger a corruptos y a las elites de nuestro país”, declaró.
Al ser cuestionado en conferencia de prensa matutina, el mandatario dijo que es grave callar ante las injusticias y la corrupción, por lo que urgió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que atiendan este tipo de casos.
Ante el pronunciamiento de la Fiscalía General de la República (FGR) para buscar impugnar la resolución del juez octavo de Distrito en el estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, López Obrador respaldo la medida para que se evite la impunidad.
“Si el Poder Judicial no actúa y si hay elementos, pruebas de que hubo influyentismo y corrupción hay que presentar denuncias contra los jueces. No gozan de privilegios, son servidores públicos, ni modo que no tengan impunidad, todos los servidores públicos estamos sujetos al escrutinio público y a actuar de conformidad con la Constitución y la Ley”.
El mandatario reiteró su llamado a reformar el Poder Judicial, ya que, consideró, no hay señalamientos a jueces o magistrados vinculados con casos de corrupción.
“Antes cuando estaba el ministro Arturo Zaldívar había un poquito más de vigilancia sobre los jueces, se les respetaba su autonomía, pero vigilaban el Consejo de la Judicatura. Ese organismo es un florero, está de adorno, porque no hay ningún señalamiento a un juez o un magistrado”, dijo el mandatario.
Uno de los recientes casos que recordó el mandatario fue durante el juicio contra Genaro García Luna.
“Apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes. Estaban juzgando en Estados Unidos en García Luna y a las tres horas un juez estaba descongelando las cuentas de su esposa”, expresó.
Jueces, en favor de la corrupción
Han pasado sólo dos meses desde que Norma Lucia Piña Hernández asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el control del Consejo de la Judicatura, pero ya acumula en su haber diversas resoluciones de jueces que tienen un ‘tufo’ de gran corrupción y ante las cuales ha guardado un ominoso silencio.
Delincuentes dejados en libertad; jueces que protegen a hombres que agreden a mujeres con ácido; amparos a lavadores de dinero; desbloqueo de cuentas de la esposa y brazo derecho del exfuncionario mexicano sentenciado por narcotráfico, Genaro García Luna, son sólo algunos ejemplos de las más escandalosas decisiones de jueces sobre lo que la ministra Norma Piña ha rehuido fijar una posición.
Uno de los fallos más controvertidos es el que sucedió el pasado 21 de febrero: el amparo otorgado a la esposa del exsecretario de Seguridad Publica en el sexenio de Felipe Calderón; un amparo para que fueran desbloqueadas sus cuentas bancarias, justo en el momento en que García Luna era declarado culpable de obtener ese dinero mediante el narcotráfico.
La decisión vino de los encargados del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México, el presidente, Rolando González Licona; el magistrado, Eduardo Baltazar Robles, y la magistrada, Amanda Roberta García González.
Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de García Luna, lograba que en México se le descongelaran sus cuentas bancarias, pese a que hay una investigación en su contra por su probable participación en operaciones de recursos de procedencia ilícita y también enfrenta una demanda civil en EUA que presentó el gobierno mexicano, con el objetivo de recuperar 745 millones de dólares sustraídos del erario público.
En otro caso, el juez federal, Roberto Omar Paredes, absolvió a la exsecretaría de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, del delito de ejercicio indebido del servicio público por la llamada “Estafa Maestra“.
Esto, pese a que fue uno de los casos más escandalosos de corrupción y de daño patrimonial durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y que se estima fue un saqueo de recursos públicos superior a los 5 mil millones de pesos; pero el juez benefició a Robles Berlanga.
Otro ejemplo que se suma a los fallos polémicos es el que benefició a Luis Cárdenas Palomino, la mano derecha de Genaro García Luna, a quien los magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ampararon y eliminaron de la lista de personas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Pablo Gómez, titular de la UIF, señaló a Jorge Antonio Cruz Ramos, presidente del tribunal, así como a los juzgadores María Elena Rosas López y Pablo Domínguez por liberar las cuentas congeladas que superaban los cinco millones de pesos.
Una más de las decisiones cuestionables del poder judicial es la del Juez Octavo de Distrito del Estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, quien canceló la orden de aprehensión contra el exgobernador tamaulipeco panista, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien era acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. El juzgador dijo que tomó su decisión por violaciones al debido proceso.
Quien también logró beneficiarse de las decisiones del Poder Judicial fue Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, acusado de corrupción, pues el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México le otorgó un amparo con el cual se ordenó revisar la prisión preventiva que se le estableció al exfuncionario peñista.
Además de los fallos favorables a exfuncionarios públicos, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, también denunció que al menos 140 presuntos delincuentes acusados de narcotráfico y tráfico de combustible fueron liberados de 2021 a 2023 por jueces corruptos, estas liberaciones estuvieron a cargo de solo 10 jueces y siete Ministerios Públicos.
Una denuncia sobre la que Piña no ha dicho ni una palabra.
A las denuncias del secretario de Marina se sumaron las del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Carmona, quien reveló que tan sólo la segunda semana de febrero, los jueces pusieron en libertad a 51 presuntos narcomenudistas, pese a que en los operativos se les decomisaron armas largas y más de seis mil dosis de droga.
Incluso el Poder Judicial ha beneficiado a Ovidio Guzmán, el hijo del “Chapo” Guzmán, que desde que fue detenido el cinco de enero ha logrado que le concedan tres amparos para que no sea extraditado a Estados Unidos, donde las autoridades buscan juzgarlo por tráfico de drogas.
En este mar de amparos otorgados a delincuentes y exfuncionarios, un juez federal priorizó analizar la solicitud de amparo de la senadora panista Xóchitl Gálvez, para que se garantice su derecho de réplica durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La justicia en manos de la ministra Norma Piña guardó silencio ante las denuncias de María Elena Ríos, saxofonista agredida con ácido por el exdiputado del PRI, Juan Vera Carrizal, a quien el Juez de Control, Teodulo Pacheco Pacheco decidió concederle la prisión domiciliaria al acusado por motivos de salud.
Con la llegada de Norma Piña se dieron las renuncias de los defensores públicos Netzaía Sandoval y Salvador Leyva, quienes defendieron a los inculpados en el supuesto secuestro y homicidio del hijo de Isabel Miranda de Wallace. Su salida del Poder Judicial se da tras la llegada de Abraham Pedraza, el secretario de Estudio y Cuenta de la presidenta de la Corte.
Pedraza es identificado como cuñado de Wallace y quien denunció el presunto secuestro de Hugo Alberto Wallace, lo que permitió que seis personas fueran encarceladas a las cuales en casi dos décadas no se les ha declarado una sentencia.
Además, fue Norma Piña quién concedió una suspensión para beneficiar a las empresas gaseras, pues con ella las compañías privadas no están obligadas a comprar gas natural a Pemex ni a la CFE, pese a que el gobierno mexicano denunció prácticas monopólicas.
Entre las últimas decisiones desde el poder judicial resalta la del ministro, Alberto Pérez Dayán, quien suspendió la aplicación de la primera parte de la Reforma Electoral el llamado “plan B”, para el caso de las elecciones del Estado de México y Coahuila.
Lo que significa que no se apliquen las modificaciones de la Ley General de Comunicación Social y la General de Responsabilidades Administrativas, que permitía que los servidores públicos se manifestaran políticamente, sin que se considerará que sus pronunciamientos fueran considerados propaganda gubernamental; además de que la información que dieran sobre programas u obras fuera considerada como una campaña de comunicación social.
Así es como actúa hoy la ministra presidenta de la SCJN, haciendo uso del silencio, para dejar que jueces hagan de la justicia un ‘trapeador judicial’.