En el 180º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), colectivos de periodistas, organizaciones de la sociedad civil mexicana e internacionales, denunciaron que en todos los niveles de Gobierno se pronuncian discursos estigmatizantes contra defensores de derechos humanos y comunicadores, además de las muertes y ataques contra esta población.
En audiencia temática Estigmatización y ataques contra la prensa, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones, el Estado Mexicano aseguró que los funcionarios del Gobierno “no fomentan estás prácticas a periodistas y personas defensoras, sino que estigmatizan las calumnias y mentiras”.
Las ONG señalaron que durante la audiencia, las autoridades omitieron posicionarse sobre la impunidad que prevalece en los crímenes contra la libertad de expresión, la cual, subrayaron es de más de 98%.
“La negativa para reconocer estos actos de violencia tiene como consecuencia directa el aumento de la violencia y el deterioro de entornos seguros para poder ejercer la libertad de expresión y la defensoría de derechos humanos”.
Además, manifestaron que las autoridades no especificaron qué harán respecto a los 20 asesinatos y cuatro desapariciones de periodistas y 45 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, ocurridos durante la actual administración.
Las ONG pidieron a la CIDH que establezca una mesa de diálogo entre las autoridades del Gobierno mexicano y los denunciantes.
Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de CIDH, pidió al Gobierno mexicano reconsiderar el informe “Quién es quién en las mentiras”, porque se pueden estar afectando las garantías para un debate libre e informado del señalamiento público.
El debate no puede trazarse bajo la culpabilidad de reprender y tiene que ser más abierto en términos de libertad expresión y democracia”, dijo el relator.
La CIDH emitió recomendaciones para realizar investigaciones efectivas con perspectiva de género para poner fin a la impunidad, también instó al Gobierno mexicano a eliminar los delitos contra el honor y revisar otros tipos penales instrumentalizados para criminalizar la defensa de derechos humanos y la libertad de expresión, así como garantizar que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones estigmatizantes, que reconozcan y garanticen la labor para el ejercicio democrático.
Solicitó al Estado Mexicano fortalecer el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas, en particular aumentando y profesionalizando a su personal, garantizar los recursos financieros, y adoptar medidas preventivas para contrarrestar el discurso de estigmatización.