El 1 de octubre pasado, el Gobierno Federal envió al Congreso su propuesta de Reforma Constitucional al sector eléctrico para rescatar y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, en beneficio de los mexicanos. Entonces, el presidente López Obrador prometió piso parejo para todos los competidores de este rubro.
“Porque se decide en esta iniciativa que la Comisión federal de electricidad va a tener el 54 por ciento del mercado y el 46 se va a conservar para las empresas particulares. Que haya una auténtica, una verdadera competencia”, dijo López Obrador.
La propuesta se basa en cinco ejes
Garantizar el abasto de energía a toda la población, no aumentar los precios, fortalecer a la CFE y desaparecer a las Comisiones Reguladora de Energía y a la Nacional de Hidrocarburos, tareas que absorbería la Secretaría de Energía. Llevar a cabo una transición energética ordenada; y que solo el estado podrá explotar el litio.
“Es decir que el litio qué hay en el subsuelo todo el mineral de litio qué hay en el subsuelo de la patria de nuestro territorio es de los mexicanos”, agregó el mandatario.
“Las concesiones que hayan sido otorgadas para la explotación porque de otros minerales como El Oro, la Plata el cobre permanecen nada más que ninguna de esas concesiones será utilizada para la explotación de litio”, señaló Adán Augusto López, secretario de Gobernación.
El antecedente de esta reforma data del 1 de febrero de 2021 cuando el gobierno envío al Congreso una iniciativa de reformas a la ley de electricidad que cambiaría las reglas de despacho del sistema eléctrico nacional para beneficiar a CFE y las centrales eléctricas. El 24 de febrero los diputados la aprobaron y el 2 de marzo los senadores.
“Este documento no atenta contra la libre competencia la regula. No es inconstitucional”, puntualizó Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado.
Pero antes de que terminara abril, se tenían 120 juicios de amparo en su contra y un acto de inconstitucionalidad, promovido por senadores de oposición, que aún está en trámite, lo que generó la reacción presidencial.
“Paga más una familia de clase popular o de clase media que lo que paga un Oxxo de luz. Y ahora que se ampara Bimbo que se ampara Walmart pues vamos a dar a conocer cuánto pagaban”, López Obrador.
Más tarde un juez emitió una suspensión definitiva a esa iniciativa.
Con la actual propuesta de reforma constitucional al sector eléctrico, se modificarían los artículos 25, 27 y 28 de la constitución.
El 25 señala que el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas del sistema eléctrico nacional y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Se propone agregar, que el gobierno tenga la propiedad y control de los organismos y empresas productivas del estado.
El Artículo 27 propone agregar que el servicio de energía eléctrica, es un área estratégica cuyo manejo es exclusivo de la nación en la generación, distribución y almacenamientos.
En tanto, el 28 señala que no se constituirán monopolios en las funciones que el estado ejerza en áreas como correos, telégrafos y radio telegrafía y se propone añadir el rubro de energía eléctrica.
Como era de esperarse en el círculo empresarial, esta nueva iniciativa generó reacciones en contra.
El consejo coordinador empresarial alerto de un riesgo en las inversiones por 44 mil millones de dólares. Señaló que la propuesta iba en contra del T-MEC. El titular de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett, criticó a los empresarios.
“Los grandes no pagan y eso es lo que defiende el Consejo Coordinador y los hombres de negocios defienden a los que no pagan que son sus patrones”, dijo Manuel Bartlett.
Desde un principio los partidos de oposición fijaron posturas en torno a la iniciativa de Reforma Eléctrica. En el PRI se dijo que no votarían hasta que haya consensos y se escuchen las voces. En el PAN que no se admitirían concesiones, en el PRD se aseguró que se trata de una iniciativa regresiva, mientras que en Movimiento Ciudadano afirman que la propuesta atenta contra la competitividad del país inhibe la inversión y no garantiza el desarrollo del mercado eléctrico.
“Esta reforma debe pasar porque lo que han puesto y lo que han hecho es un verdadero desastre para el país”, concluyó Bartlett.
Por ello del 17 de enero al 15 de febrero inician 19 los foros como parte del parlamento abierto de la Reforma Eléctrica.