Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, adelantó que entre el paquete de reformas que presentará ante el Congreso el próximo 5 de febrero se encuentra la intención de elevar a rango constitucional los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos del país.
“Todo lo que tiene que ver con el derecho de los pueblos originarios, indígenas y afromexicanos, es una ley y va a enunciarse en la Constitución y luego se va a enviar la iniciativa de Ley”, expresó el mandatario.
Tales declaraciones se dan en el marco de la entrega de una carta que hicieron representantes de la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA) a presidencia, para que contemple en ese paquete de reformas la de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, iniciativa que está congelada desde el año 2021.
Berenice Sánchez, otomí del poblado San Francisco Magú, ubicado en el municipio de Nicolás Romero, en Estado de México, integrante de ALDEA, compartió con Once Noticias que esta iniciativa contempla dos cosas que han sido una deuda con los pueblos originarios: autonomía y libre determinación.
“El artículo segundo constitucional deja en manos del Estado el reconocimiento de quiénes son los pueblos indígenas. Y después baja a nivel de un catálogo de pueblos y comunidades indígenas. En el caso del Estado de México, por ejemplo, en ese catálogo son reconocidos por el Consejo Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México. Y eso dejó fuera a muchos pueblos que somos indígenas, que hemos mantenido nuestras estructuras de toma de decisiones, nuestras asambleas, nuestra autodeterminación dentro de nuestros territorios, y nuestra conciencia misma de ser indígenas”, señala la activista.
Y es que es el Estado quien determina quién es o no una persona indígena, algo que critica la activista.
Por otro lado, cabe recordar que esta Reforma Constitucional está inspirada en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados, en febrero de 1996, como parte de la negociación entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
El objetivo de los Acuerdos fue modificar la Constitución y sintetizaba las demandas de los pueblos originarios: autonomía, libre determinación y reconocimientos a sus derechos.
Los acuerdos fueron traicionados por el Gobierno del expresidente Ernesto Zedillo que no los cumplió y que impulsó una contrainsurgencia hacia los pueblos zapatistas.
De acuerdo con ALDEA, esta reforma tiene base en los Acuerdos de San Andrés, sin embargo, no es impulsada por el EZLN, quien recientemente reafirmó su autonomía y su proyecto lejos del reconocimiento del Estado.
Por su parte la reforma es impulsada por organizaciones civiles y diversos pueblos originarios, además reúne más de 650 mil firmas y fue discutida a lo largo de dos años en 54 foros y 120 asambleas comunitarias.
Berenice, al ser cuestionada sobre ello, externó que la diferencia radica en los procesos de lucha y las formas, aunque la aspiración es única e inquebrantable.
“Para unos, los procesos comunitarios y sus procesos de lucha los hacen alejarse del estar reconocidos por el Estado mexicano. A otros, esos procesos de lucha nos hacen ser ahí. Son en las formas, pero la aspiración, esa es única y ha sido inquebrantable desde hace más de 500 años: buscamos el reconocimiento, el respeto a nuestra jurisdicción territorial y a nuestros procesos de toma de decisiones”, sostuvo.
Agregó que su pueblo decidió unirse a la Alianza y firmar por esta reforma porque ellos organizan su territorio bajo una lógica distinta al que impone el propio Estado.
Por esta razón hizo un llamado para que en el paquete de reformas que entregué el Ejecutivo al Congreso, el próximo 5 de febrero, contemple la Reforma original que se entregó en 2021 por representante de la Nación Yaqui al mandatario, en la que hay 10 puntos principales, porque dijo Berenice que sería parte de saldar una deuda histórica del Estado con los pueblos originarios y afromexicanos.
“Estaremos vigilando el proceso. Estaremos vigilando qué es lo que se entrega al poder legislativo. Son pendientes de que la iniciativa sea íntegra y contenga los 10 puntos que ALDEA mencionó como relevantes”, sostuvo.