El texto señala que se impondrán de uno a cinco años y hasta 500 veces el valor diario de la UMA, (equivalente a 48 mil 110 pesos) por concepto de multa y trabajos en favor de la comunidad hasta por seis meses al que sin consentimiento del quien tenga derecho a otorgarlo, utilice, revele, entregue o facilite el acceso a la información, documentos o cualquier objeto que le hubiese confiado sea publico y privado.
Además impone las mismas penas, a quien acceda, altere, extraiga, intercepte, interrumpa, dañe, inutilice o manipule o destruya sistemas informáticos, añade que se aumentarán las sanciones, sin importar el empleo, cargo, comisión arte u oficio.
“Es un artículo muy ambiguo, lo que pretende ahora la administración estatal es agravar las penas y sentar un precedente para impedir la labor de los periodistas, intimida a los funcionarios que nos filtren algún dato” señaló a Once Noticias Digital, Alejandro Payan, reportero con nueve años de experiencia en medios digitales e impresos en Querétaro.
Por medio de un pronunciamiento, añadieron que esta reforma claramente vulnera la ley que establece el secreto profesional periodístico, este establece que quienes laboran en este oficio, tienen derecho de mantener el secreto de identidad, de las fuentes que hayan facilitado información, bajo condición expresa, tacita o de reserva.
“Esta norma pretende criminalizar la labor periodística y a quienes muchas veces con valentía filtran información, cuando se dan cuenta de irregularidades en la administración pública. Las autoridades estatales deben de cesar este intento de intimidación, sobre todo pedimos que el Gobernador Mauricio Kuri, ejerza el derecho al veto a esta legislación”, indicó en su turno, Paulina Rosales, periodista que se formó parte del portal Códice Informativo y ahora se desempeña en el sitio Presencia Universitaria que pertenece a la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
Ante los riesgos, el colectivo analiza presentar de manera próxima una acción deiInconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) si la norma es publicada en el periódico oficial.
“Si un estado aprueba algo tan delicado como esto, yo creo que también podrían saltar las alarmas a nivel nacional, porque si una autoridad local se siente con derecho de estar publicando este tipo de leyes mordaza, que garantía nos da de que en otros estados que puedan ser afines al Partido Acción Nacional, no puedan hacer lo mismo”, concluyó, la periodista Cecilia Conde.
Once Noticias Digital intentó contactar con algún representante del gobierno de Mauricio Kuri para conocer su postura en torno a estos cambios pero al momento del envió de esta nota, los responsables de comunicación social, respondieron que se encontraban tramitando la respuesta oficial.