La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 419 votos una reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con el objetivo de tipificar el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado, con penas de hasta 20 años de prisión.
Las sanciones podrán aumentar hasta 10 años más cuando las víctimas pertenezcan a pueblos indígenas o sean personas migrantes.
También se contemplan penas mayores cuando los responsables sean servidores públicos o exintegrantes de corporaciones de seguridad o de las Fuerzas Armadas.
#AlMomento | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprobó el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en materia de reclutamiento criminal.
— H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 20, 2026
Durante la discusión, la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Elena Segura, explicó que la reforma busca proteger la libertad, la dignidad y los derechos humanos de las personas reclutadas, con especial atención a niñas, niños y adolescentes.
La legisladora advirtió que la búsqueda de empleo puede convertirse en una vía de captación por parte de grupos criminales, por lo que consideró necesario fortalecer la protección de las posibles víctimas.
Por su parte, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ofelia Jasso, señaló que entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados por grupos delictivos.
Además, citó datos de la organización Reinserta, según los cuales más de 30 mil infantes y adolescentes han sido incorporados a estas estructuras criminales.