La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma constitucional que le otorga al Congreso la facultad de crear una ley contra en contra del delito de extorsión, que permita perseguirlo de oficio, sin esperar a que sea denunciado.
Leonel Godoy, diputado de Morena, dijo: “con el fin de dotar al Congreso de la Unión de plenas facultades para expedir una legislación general en materia de extorsión, que esperamos que después que se apruebe esta reforma, si eso sucede, que llegue la ley, la iniciativa de Ley General contra la Extorsión”.
“Ahora este Congreso de la Unión tendrá la facultad de expedir una Ley general en materia de extorsión que permitirá prevenir, investigar y sancionar de manera eficaz y eficiente este delito que tanto daña a nuestro pueblo trabajador”, expuso por su parte Irma Garay, diputada del PT.
La ley secundaria que el Congreso buscará crear en los próximos meses, también establecerá estrategias nacionales de seguridad para combatir este delito, así como homologar las penas en todo el país, y crear un registro nacional para establecer estas rutas.
“Esta legislación secundaria tiene que homologar las penas, generar una política contra la criminalidad de manera unificada, que atienda la gravedad, que logre una justa punibilidad sobre el delito de extorsión, que atienda las causas por las que se ha originado y que ha crecido tanto”, declaró Laura Hernández García, diputada de Movimiento Ciudadano.
Mientras que César Alejandro Domínguez, diputado del PRI, añadió: “necesitamos amigas y amigos que la ley general que surja de esta reforma, no se limite a copiar definiciones penales, debe de contemplar protocolos nacionales de investigación que permitan coordinar las fiscalías locales y la federal”.
También dijo que es necesario crear un registro nacional de extorsión para dimensionar el problema, y diseñar políticas públicas basadas en la evidencia.
Durante el debate el PAN pidió que esta ley en materia de extorsión sea creada lo más pronto posible, en este periodo extraordinario, y no dentro de seis meses, que es el tiempo máximo que la reforma otorga al Congreso para crearla.
“Que no tengamos porque esperar los 180 días que establece el dictamen en un transitorio, para que podamos tener ese producto legislativo, esa ley que atienda el problema de la extorsión, creo que el problema lo amerita, y que no espera más tiempo, no tenemos ninguna excusa para decir que tenemos que agotar los 180 días”, apuntó Fernando Torres, diputado del PAN.
La reforma fue enviada al Senado para su discusión y eventual aprobación.