El ambientalista José Ascensión Carrillo Vázquez fue localizado sin vida y con signos de tortura junto a ocho personas más.
El activista había sido opositor a la empresa de oro y plata más productiva del país, la Newmont Goldcorp con su minera Peñasquito en Mazapil, Zacatecas.
Este corporativo ha sido denunciado en múltiples ocasiones por la contaminación y daños al medio ambiente, además de las malas condiciones laborales y los daños intangibles a la comunidad.
El pueblo y trabajadores mantuvieron bloqueos intermitentes en la mina durante el último año, hasta que el 27 de octubre, el gobernador Alejandro Tello Cisterno confirmó un desalojo al plantón, con la fuerza de la Guardia Nacional.
El bloqueo se retiró y a la semana siguiente la Fiscalía del estado de Zacatecas lanzó órdenes de aprensión contra varios activistas ecologistas, entre ellos Ascensión Carrillo Vázquez.
Algunas organizaciones defensoras de derechos humanos se pronunciaron contra las intimidaciones y solicitaron medidas cautelares a los activistas y sus familias, pero nunca se les otorgaron.
El opositor a una de las minas con mayor producción de oro en México fue desaparecido la semana pasada, y el pasado 8 de junio “su cuerpo fue encontrado con visibles huellas de tortura y tiro de gracia, junto al de 8 personas más sobre la carretera Vanegas- San Tiburcio, Zacatecas”, apuntó Felipe Pinedo, líder estatal del Frente de Lucha Zacatecas (FPLZ).
Este Frente Popular junto a la Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. (RSDCIAC) y el Frente de Comunidades Afectadas por la Minería exigieron en conferencia de prensa “que se esclarezca la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial del activista social y dirigente de la Unión de Transportistas CAVA, José Ascensión Carrillo Vázquez”.
Las organizaciones pidieron verdad y justicia para el activista social José Ascensión Carrillo Vázquez para que “este hecho sea investigado y sean sancionados los responsables materiales y autores intelectuales. Mazapil se viste de luto y la sangre tiñe el oro” de la minera Peñasquito.
Lamentaron “la dilación con que actuó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por la solicitud de medidas cautelares al activista social José Ascensión Carrillo Vázquez” y explicaron que esté caso debe ser atraído por la Fiscalía General de la República (FGR).
También pidieron protección para la familia del activista social, su equipo y para las personas residentes de Mazapil, que se encontraban luchando por su territorio.
“Durante el año 2019 y 2020 han sido asesinadas 45 personas defensoras de derechos humanos” según el informe “Situación de personas defensoras en México” de la organización Red TDT.
Mientras que la última publicación de la investigación “Atrocidades registradas en los medios periodísticos” ha documentado 13 asesinatos de personas defensoras de derechos en lo que va de enero a mayo del 2021.
“El contexto mexicano se caracteriza por la inacción del Estado frente a la situación de alerta en que viven las personas defensoras y que empeora con los años. Esto pone en entredicho la labor de defensa de derechos humanos, criminalizando y estigmatizando a quienes la desempeñan”, explicó el informe de la Red TDT.