El magistrado, José Francisco Nieto González, acosó sexualmente a mujeres del Poder Judicial de la Federación (PJF). El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que vigila el desempeño de servidores públicos del Poder Judicial, tardó dos años en la investigación.
“Sentía que el magistrado me acosaba, me preguntaba cosas, como si mi busto era operado, que si ya me había puesto nalgas, que porque no traía falda”, así lo relata un testimonio que vivió acoso sexual en el Poder Judicial.
Finalmente, en 2018 lo inhabilitó, pero, ya se había jubilado. Fue un crimen con culpable, pero sin castigo.
“Existe o existió un sistema muy proteccionista de ellos mismos, una especie de casta judicial”, señala Zorayda Gallegos, periodista de Quinto Elemento Lab.
En ese mismo tenor, el investigador Jaime Cárdenas Gracia dijo que el Consejo de la Judicatura fue un fracaso total. “No ha cumplido su función, ha sido un fracaso. Debemos decirlo así: es un fracaso total”, criticó el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
Los casos de sanciones administrativas o penales, en contra de jueces y magistrados son poco conocidos a la ciudadanía y de difícil acceso en el portal de la Judicatura. Un ejemplo es que el Consejo expone 13 casos donde hubo castigo para los suyos.
El equipo de Once Noticias revisó esos expedientes caso por caso y se reveló que sólo se dieron 11 inhabilitaciones temporales y dos suspensiones.
“Aquí el cambio de parroquia en el caso de jueces y magistrados no se llama lo cambiamos de parroquia, en materia judicial se llama cambio de adscripción; se le manda a otro tribunal”, señaló el investigador Cárdenas Gracia.
Así operaban “los jueces sin castigo”
Luis Alonso Echegaray Rivera dobleteaba, para ejercer el coyotaje judicial. Pedía licencia en el Ministerio Público de la Federación de Zapopan, Jalisco, donde laboraba, para visitar el Penal de Máxima Seguridad de Puente Grande y el Cereso número 2 de Occidente, donde ofrecía sus servicios, por tal motivo Echegaray Rivera fue inhabilitado por 10 años.
Una auditoría del PJF revela que durante la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de Luis María Aguilar, se permitió que Francisco Javier Pérez Maqueda cometiera daños al erario público.
El entonces director de Inmuebles y Mantenimiento de la Judicatura, contrató a una empresa para realizar salas de juicios orales. Pagó casi 118 mil pesos por las obras, cuando el costo real era de 51 mil pesos.
Previamente, en 2017, a Pérez Maqueda le encontraron cuatro millones de pesos en efectivo en la cajuela del auto oficial que usaba.
“Durante muchos años el poder judicial fue uno de los menos fiscalizados por los medios, por la opinión pública”; aseveró la periodista Zorayda Gallegos.
La investigación “Jueces sin castigo: las fallas de un sistema negligente”, de la periodista Zorayda Gallegos, también exhibió a un poder judicial incapaz de castigar a jueces y magistrados.
El Consejo en 24 años solo presentó 23 denuncias penales contra juzgadores por diversos delitos. En ninguna de las 23 denuncias obtuvo una sentencia condenatoria irrevocable.
“Es decir, se sanciona, principalmente al personal judicial de abajo, aún mecanógrafo, a una secretaria, un actuario, un secretario”, dijo el académico Jaime Cárdenas Gracia.
En el caso de las y los ministros de la Corte, es difícil que la justicia los alcance pues están blindados: sólo pueden ser destituidos por el Congreso mediante juicio político.
En este oscuro halo de impunidad, no puede dejar de mencionarse al magistrado Isidro Avelar, acusado de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado por Estados Unidos.
“Estamos hablando de jueces que cometieron hostigamiento sexual, que contrataron a sus familiares o sus sobrinas en los lugares donde estaban adscritos, que favorecieron con fallos empresarios poderosos de telecomunicaciones o de los casinos”, denunció Zorayda Gallegos.
En ese entorno, por primera vez en México, el Poder Judicial será electo por la ciudadanía el próximo 1º de junio en las urnas; será quien tiene la última palabra.