A finales de 2014 se declaró la quiebra de la aerolínea Mexicana de Aviación. Su dueño, Gastón Azcárraga, huyó y se exilió en Estados Unidos.
Fue la estocada final a la que entonces era la aerolínea más importante de América Latina.
Pero, el origen de esta historia de fraude, corrupción y engaño inició años antes, y en ella un personaje que operó desde las sombras: Ricardo Salinas Pliego.
En 2007, Grupo Posadas, entonces dueño de Mexicana de Aviación, dividió Mexicana de Aviación en dos bloques de sociedades. En el primero colocó los activos tangibles de la empresa, como los hangares, los aviones y los empleados.
Pero a la par, creo estratégicamente un bloque “fantasma” integrado por cinco empresas de papel, sin empleados ni bienes.
En ese bloque agrupó los activos intangibles como la marca Mexicana, y sus derechos de ruta.
En ese bloque de empresas de papel estaban Impulsora de Negocios Omega, Operadora de Servicios Empresariales Zeta, Gestiones y Servicios Operativos Kappa, Impulsora de Enlaces Industriales Delta, e Impulsora Industrial Empresarial Beta.
La operación levantó sospechas, pero al cobijo de los gobiernos panistas, nunca le entraron al caso.
Un año después, en 2008, Grupo Elektra, de Ricardo Salinas Pliego, adquirió ese segundo bloque por 613 millones de pesos.
¿Para qué una empresa que vende línea blanca adquiere la parte intangible de una aerolínea? Ese punto marcó el inicio de una compleja maniobra diseñada para evadir las obligaciones fiscales de esta operación.
ASPA denuncia uso de pérdidas fiscales por Salinas
De acuerdo con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), entre 2009 y 2012, Ricardo Salinas, junto con otros prominentes miembros de Grupo Salinas se vendían a sí mismos la deuda original.
En realidad, lo que hacían era “rebotar” la deuda entre Elektra, la nueva dueña de esas acciones de Mexicana, y otras empresas de Grupo Salinas.
Una y otra vez la declaraban ante el Servicio de Administración Tributaria (STA) bajo el concepto de “pérdida fiscal”, nada menos que 14 mil 500 millones de pesos. Básicamente declaraban que sus gastos eran mucho mayores a sus ingresos, y con ello podrían acceder a beneficios fiscales.
Así, esa deuda de 14 mil millones de pesos fue creciendo hasta llegar a 26 mil 600 millones de pesos, es decir, 43 veces el valor original del bloque.
Para 2014, el caso estaba en tribunales. Mexicana, que ya operaba en concurso mercantil, fue finalmente declara en quiebra por la jueza Edith Alarcón.
Con ello, se dejó en el desamparo a los cientos de trabajadores de la empresa que no podían ser liquidados conforme a derecho.
Operadores detrás del esquema fiscal
En este esquema de triangulación y evasión fiscal destacan dos personajes: el exsecretario del Trabajo del foxismo, Javier Lozano Alarcón, y el abogado y exministro de la Suprema Corte, Salvador Rocha Díaz, un abogado priista que le abrió las puertas a una amplia red de jueces, magistrados y ministros del máximo tribunal del país.
Por cierto, este abogado, también fue representante de Salinas Pliego en la cascada de denuncias que su empresa Iusacell interpuso contra Nextel, en el proceso de la polémica Licitación 21.
En 2018, justo en los últimos días del sexenio de Enrique Peña Nieto, la Procuraduría General de la República (PGR) se desistió formalmente de la orden de aprehensión contra el prófugo Gastón Azcárraga.
Mientras tanto, el otro protagonista, Ricardo Salinas, es hoy uno de los mayores deudores de impuestos en la historia de México, con poco más de 74 mil millones de pesos.