Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró que los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) no son utilizados para pagar pensiones, prestaciones ni gastos médicos de trabajadores, manifestó en su cuenta de ‘X’ la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.
Señaló que a diferencia de lo que se ha informado, todos los rubros ya se encuentran incluidos en el presupuesto anual del Poder Judicial: “Es por ello que su eliminación no afecta a jueces, magistrados, ministros y mucho menos a las y los trabajadores”.
Alcalde señaló que la razón por la que los recursos de los fideicomisos no se utilizan es porque el Presupuesto de Egresos que solicita cada año el Poder Judicial ya contempla recursos etiquetados para los mismos fines, por lo que existe duplicidad.
La secretaria de Gobernación compartió que estos fondos se han incrementado año con año. Por ejemplo, en 2013, los recursos eran de 8 mil 724 millones de pesos, mientras que en una década incrementó a 20 mil 501 millones de pesos, tal como se muestra en la siguiente gráfica:
¿En qué consiste la reforma?
Se modifica el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para establecer que no podrán crearse ni mantenerse fondos y fideicomisos que no estén expresamente previstos en la Ley.
Hasta ahora, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda del Senado, aprobó el dictamen de la minuta de reformas a la Ley Orgánica del PJF, en el que se propone la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial Federal, que en su conjunto suman más de 15 mil millones de pesos.
¿Qué sucederá con los recursos reintegrados?
Una vez aprobada la reforma, el Poder Judicial deberá extinguir los fideicomisos en un plazo de 120 días hábiles (5 meses), y reintegrar los recursos disponibles a la Tesorería de la Federación.
Los recursos reintegrados se destinarán al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo; por ejemplo, para entregar 2 millones de becas a niñas y niños de escasos recursos a nivel primaria, o para que las entidades federativas lo destinen a la rehabilitación de caminos, puentes y carreteras, a la construcción de plantas de tratamiento de agua potable, u otras obras que beneficien a las comunidades más necesitadas.