Las autoridades locales del país están obligadas a garantizar las condiciones para el aborto voluntario de las mujeres y personas gestantes, resolvieron ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Para ello las entidades deberán organizar sus sistemas de salud y contar con la infraestructura necesaria, indicaron las y los ministros, al resolver una contradicción de criterios.
“Es necesario prevenir riesgos asociados con abortos inseguros, garantizando acceso oportuno a servicios de aborto para preservar la salud. No basta con garantizar la libertad de decisión, es fundamental contar con infraestructura médica, adecuada, segura, accesible y de calidad; así, el estado está obligado a garantizar que en los hospitales públicos se brinde acceso al derecho a la salud con los más altos estándares de calidad”, detalló el ministro de la SCJN, Javier Laynez.
El derecho al aborto avanza, pero las y los ministros reconocieron que aún existen contradicciones.
Por su parte, la ministra de la SCJN, Margarita Ríos Farjat expresó que “por un lado, se establece la obligación administrativa de brindar este servicio de salud, por el otro subsiste, la normativa penal que considera esta conducta como delito; y si bien es cierto que a partir de la decisión de la SCJN; de septiembre de 2021, de qué el aborto no puede ser penalizado, lo cierto es que en diversas entidades de la República se mantiene el aborto como delito en los códigos penales”.
Por ello, señalaron, se deben armonizar el marco constitucional y las leyes y códigos locales.
Asimismo, la ministra Lenia Batres Guadarrama apuntó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se registraron 584 defunciones por muerte materna en México en 2023.
De estas, dijo, 58 estuvieron relacionadas con la interrupción del embarazo y en 2024, la Secretaría de Salud informó que el aborto representó la tercera causa de muerte materna, con 47 defunciones de un total de 534.
Las ministras y los ministros dijeron que se deben evitar los abortos inseguros y clandestinos que aún se practican en el país.
Además, aseguraron que el derecho a la salud es universal y el Estado mexicano está obligado a garantizarlo.