El próximo 26 de agosto se llevará acabo la audiencia pública por el caso Daniel García y otros vs México, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte CIDH) en la ciudad de Brasilia, Brasil, sin embargo, pese a que Daniel García daría su testimonio presencial sobre las violaciones que se cometieron en su contra, autoridades mexiquenses negaron permiso.
Esta decisión se da a pesar de que la defensa legal realizó los acuerdos necesarios con las distintas autoridades para obtener un permiso especial que permitiera a Daniel asistir a esta audiencia pública, sin embargo, el pasado 4 de agosto las autoridades notificaron que se negaba tal permiso, por lo que tendría que asistir de forma virtual.
“Esto limita su derecho a participar en su propio juicio y desde luego refrenda el uso político de las instituciones del Estado de México para violentar los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos”, señala la organización Pena sin Culpa.
Acusan que esa decisión reafirma la complicidad con el Gobierno del Estado de México, quienes defienden las actuaciones de los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Arturo Montiel y Eruviel Ávila.
Además, lamentan que pese a las declaraciones que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU sobre el caso García-Alpízar, en las que enfatizan las violaciones de sus derechos humanos por estos gobiernos, se tome esa decisión por las autoridades mexiquenses.
“Tenemos esperanza de que el Gobierno de la Cuarta Transformación no solape a los corruptos gobiernos de Estado de México de los últimos 20 años, quienes en palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador han dañado tanto a este país y que cambien su posición en nuestro caso”, refirió Daniel García.
Se debe recordar que luego de un largo proceso jurídico el caso llegó a instancias internacionales, primero a la CIDH y luego a la CorteIDH.
¿Cuál es el caso?
El caso refiere a Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes estuvieron detenidos en prisión preventiva oficiosa por más de 17 años y fueron víctimas de torturas, violaciones al debido proceso y a la libertad personal.
Fueron detenidos en febrero y octubre, respectivamente, del año 2002, por las autoridades del Estado de México, sin orden judicial previa y señalados como presuntos responsables del asesinato de la exregidora de Atizapán, María de los Ángeles Tamez Pérez, ocurrido el 5 de septiembre del 2001.
En 2019 se cambió la medida cautelar de prisión preventiva para Daniel García y Reyes Alpízar, bajo la obligación de no salir del territorio mexicano y que deberían portar un localizador electrónico en el tobillo.
Este caso es representativo dado que es la primera oportunidad para que el Máximo Tribunal interamericano se pronuncie sobre la convencionalidad de la prisión preventiva, y el arraigo, en nuestro país y sobre sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
En el caso de García-Alpízar fueron víctimas de una prisión preventiva que duró más de 17 años, así como también sus familias, por lo que la Corte aceptó a Daniel como testimonio en la audiencia que forma parte del 150 período de sesiones ordinarias de la instancia internacional.