Integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur levantaron el plantón que mantenían desde el 12 de marzo en el Zócalo capitalino, en la Ciudad de México, luego de que autoridades federales se comprometieron a liberar a Jerónimo Hernández, Gilberto Aguirre Bahena, Antonio Barragán Carrasco y Orlando Ávila Mesino, sobrevivientes de la matanza Aguas Blancas y que llevan más de 20 años encarcelados como presos políticos.
El anuncio se da luego de que integrantes de esta organización sostuvieron ayer una reunión con representantes de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaria de Gobernación, después de que en la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que los cuatro campesinos son inocentes e incluso, víctimas de delitos fabricados.
“Hemos estado haciendo trámites con el poder judicial, pero en algunos casos no hay sentencia, en otros casos no tienen delitos y nos han estado dificultando la libertad de estos dirigentes y campesinos que son inocentes, que deberían estar libres”, dijo AMLO luego de ser cuestionado durante la conferencia matutina.
Fue en 1995, durante el gobierno de Rubén Figueroa, cuando se registró la Masacre de Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez. El saldo de esa matanza fueron 17 personas asesinadas y más de veinte heridos.
Los hechos sucedieron cuando los campesinos de la OCCS se dirigían a Atoyac de Álvarez para manifestarse y fueron detenidos por un retén de la Policía Judicial de Guerrero que disparó a quemarropa en contra de los campesinos.
Delitos fabricados
Jerónimo Hernández fue detenido el 10 diciembre de 2002 por el supuesto secuestro de Andrés Astudillo Luviano.
Orlando Mesino fue aprehendido en 2011 y sentenciado a 27 años de prisión por el asesinato del agricultor Victorino Luengas acusación que en su momento enfrentó la activista Rocío Mesino, inculpada y posteriormente absuelta del asesinato del agricultor Victorino Luengas.
En tanto, Gilberto Aguirre fue detenido en 2002 en Mexicali, Baja California. Fue acusado de presunto homicidio de los secuestradores de Paola Gallo Delgado –hija de Eduardo Gallo–, entre otros delitos. Actualmente se encuentra en el penal de Las Cruces, en Acapulco.
Por su parte Antonio fue detenido por presunto homicidio y secuestro en 2001 en San Quintín, Baja California. Hoy está preso en el Cereso de Morelos, en Atlacholoaya.
De acuerdo con Norma Mecino Mecino, representante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, tanto Gilberto y Antonio fueron detenidos y torturados por personal de Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por narcotráfico, cuando éste era director de la Agencia Federal de Investigación, durante el sexenio de Vicente Fox.
La lucha sigue
Norma Mecino señaló, en entrevista con Once Noticias, que pese al compromiso que hicieron Crescencio Jiménez, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de Segob, y Facundo Santillán, de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, de liberar a estos cuatro campesinos no quitarán el dedo del renglón hasta que estén en total libertad.
“Aquí venimos con el objetivo de ser escuchados en la mañanera. Se escuchó nuestra voz, a través de la periodista. Nuestros compañeros tienen más de 20 años en la cárcel y no vamos a esperar una retardada, trabajo de meses y mesas y mesas y que no se aplique la procuración de justicia, que den largas”, señaló Norma.
Hace cinco meses, explicó Norma, iniciaron el trabajo con el comité por la preliberación y Amnistía, pero en ese tiempo no se avanzó, pese a que en algunos casos, como el de Orlando Ávila se acreditaron las pruebas a su favor, por lo que no hay motivo para que continúe privado de su libertad.
Norma expresó que el reconocimiento de que son presos políticos evidencia la corrupción al interior del Poder Judicial. “Han atorado el acceso a la justicia y son quienes llevan a detener los procesos jurídicos porque son jueces corruptos. Sólo en nuestro país quien tiene dinero puede tener acceso a la justicia”, lamentó.
Entre los acuerdos que se firmaron en la reunión con autoridades destaca la liberación inmediata de Gilberto y Orlando. Incluso, Gilberto no pagaría la reparación del daño que le dictó el juez. Alcanza, señaló Norma, la preliberación, por lo que el MP tiene 15 días para que lo ponga en libertad.
Mientras que, en el caso de Antonio, dijo que es más complejo porque enfrenta cuatro averiguaciones previas, tiene un proceso abierto y sentencias que rebasan los cuarenta años. Todo ello, a pesar de que se comprobó, a través de la prueba de Estambul, que fue torturado por Eduardo Gallo y Tello, con apoyo de Genaro García Luna. No hay motivo para que siga en la cárcel, agregó Norma.