La Secretaría de Gobernación (Segob) e integrantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se reunieron, este martes, para analizar el conflicto que impide avanzar en una reforma a la Ley Orgánica de la casa de estudios.
Dos grupos de la UAS se oponen: por una parte, un conjunto representado por rectoría, a través de Robespierre Lizarraga Otero, vocero y encargado de despacho de la UAS, acusan que la autonomía está en riesgo; mientras que los segundos, sin dirigencia identificada en la movilización, se pronunciaron en contra del caciquismo y a favor de la reforma con el argumento de que se trata de una democratización de la universidad.
En entrevista con Once Noticias Digital, Robespierre Lizárraga Otero externó que, con la aprobación de la Ley Orgánica de la UAS, que se hizo hace un año, ha generado una presunta persecución política.
“Todo generado a partir de que en Sinaloa se aprueba una ley, por parte del Congreso y apoyado por el gobierno local, que violentaba el principio de autonomía universitaria. Fue combatida por vía de amparo, pero eso generó que iniciara una persecución política, es decir, que desde el gobierno del estado fabricara causas penales. Ese amparo tuvo una sentencia favorable a la Universidad”, externó en entrevista.
De acuerdo con Lizárraga Otero, la violación a la autonomía se daría porque la decisión de reformar esta ley provino del Congreso.
“Actualmente el Congreso quiere legislar al margen de la comunidad universitaria. Hago un exhorto a que se aplique la Ley General de Educación y se respete la voluntad de la comunidad universitaria”, sostuvo.
AMLO pide a Segob intervenir en conflicto
Por la mañana, el Consejo Universitario entregó una carta al Ejecutivo Federal en donde pedían “se cumpliera la instrucción del diálogo y que la resolución del conflicto llegara a sano término”.
Durante su Conferencia Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre este tema, sin embargo, dijo que no tomaría partido por ninguna de las partes. Enfatizó que le tiene confianza al gobernador de Sinaloa, Rubén Moya Rocha, porque siempre ha sido partidario del diálogo como medio para solucionar cualquier conflicto.
En tanto, instruyó a Gobernación que fungiera como mediador de este conflicto.
En la sede de Segob, también estuvo presente el gobernador sinaloense, quien, a través de un comunicado, dio a conocer que la pretendida reforma a la Ley Orgánica tendrá que atenderse por el Congreso del Estado en coordinación con la propia Universidad Autónoma de Sinaloa, mediante una consulta a la comunidad universitaria, quien decidirá finalmente si desea o no tal reforma.
“Cuál es la conclusión de todo el abordaje de esta temática, es que siguen siendo dos temas centrales los que están en la palestra y que deben continuar por sus carriles, por sus rieles, uno la reforma a la Universidad que deben hacerla, la Universidad y el Congreso del Estado porque si se va a reformar la Ley Orgánica es el Legislativo, y si ha de reformarse la Ley Orgánica solo puede ser reformada si los universitarios lo demandan y dicen cómo la quieren. Ellos son los que mandan, los universitarios”, señaló el gobernador.
Los acuerdos en Segob
Al terminar la reunión en la sede de Gobernación, el Comité de la Universidad sostuvo un encuentro con sus simpatizantes en el Monumento de la Revolución.
Ahí, Lizárraga Otero externó que hubieron tres acuerdos con las autoridades: respeto a la autonomía universitaria, habrá un seguimiento a las causas penales por parte de Segob y el Gobierno de Sinaloa deberá legalizar títulos.
“La autonomía universitaria será respetada sí o sí, ahí no hay discusión, prevalece la autonomía universitaria. Cualquier proceso de reforma tiene que atender ese principio y apegarse estrictamente a derecho”, sostuvo el vocero ante el medio.
Trabajadores de la UAS piden que terminen cacicazgos
En tanto, otro grupo de trabajadores, principalmente docentes y académicos de la UAS, denunció una serie de irregularidades por parte de las autoridades universitarias por desvío de recursos; acusan que prevalece un cacicazgo por parte de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la UAS.
“Desde 2005 a la fecha, nuestra Universidad se encuentra prácticamente secuestrada por un grupo de individuos que medran y dilapidan su patrimonio; todos ellos lidereados por Cuén Ojeda, cuyo patrimonio, incluso desde antes de ser rector, al desempeñarse como director de bienes e inventarios, vio crecer de manera escandalosa”, acusan en una carta que también entregaron a Segob.
Cuén Ojeda ha sido señalado por utilizar recursos de la universidad con fines partidistas, principalmente porque el Partido Sinaloense (fundado por él mismo) mantiene una fuerte influencia sobre la universidad, de acuerdo con los trabajadores.
Asimismo se dijeron a favor de la reforma como una vía posible para democratizar la universidad y dar salida a la crisis que hay al interior.
“Venimos a evidenciar la grave descomposición que se vive al interior de la Universidad, las injusticias laborales, el robo de recursos de la Universidad: 45 millones de pesos que se utilizaron para comprar tortillas en pandemia para casa del estudiante. Por eso nuestras autoridades universitarias están procesadas de manera judicial. 700 plazas de tiempo completo otorgadas a personas que no le correspondía, nepotismo llevado al extremo”, externó la profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAS, Amada Maricela Félix.