Asimismo, piden regular y acotar el ámbito de acción de la empresa, ya que señalan que “mantiene una campaña permanente de intervención […] de las funciones del propio Estado, para lograr obtener permisos en las comunidades no sólo de exploración, sino con toda la intención de dividir y crear conflictos en las comunidades donde tienen concesionado”, concluyen.En la actualidad la empresa tiene 31 concesiones en los valles centrales de Oaxaca, de las cuales 64 mil hectáreas están concesionadas en el valle de Ocotlán. La Compañía Minera Cuzcatlán es una filial mexicana de la compañía canadiense Fortuna Silver Mines. Inició sus exploraciones en 2006 en los Valles Centrales de Oaxaca. En 2010, comenzó sus operaciones de extracción de oro y plata. El 8 de octubre de 2018, la presa de jales tóxicos de la minera Cuzcatlán se derramó y contaminó el río Coyote y Río Santa Rosa. Por dicho incidente la empresa recibió una multa de 42 mil dólares y se realizaron diversos muestreos, cuyos resultados señalaban la presencia de altas concentraciones de metales pesados, aunque los resultados luego cambiaron, según los estudios que realizaron los laboratorios y consultoras contratadas por Cuzcatlán. Dicho escenario desató una controversia, ya que los informes enfatizaban que la presencia de metales tóxicos superaban las normas establecidas. Desde entonces no hubo remediación de los cuerpos de agua y las comunidades emprendieron una lucha para lograr ser escuchadas ante las instancias medioambientales.
Avanzan estudios de calidad del agua en río contaminado en Valle Central de Oaxaca
Comunidades del Valle Central de Oaxaca, compuesto por pobladores de Magdalena Ocotlán y las agencias municipales de San Pedro Apóstol y Tejas de Morelos, llevaron a cabo en conjunto con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) un recorrido de prospección para definir un plan de muestreo y la realización de estudios de calidad del agua y sedimentos en las comunidades afectadas por la contaminación del río Coyote.
Después de dos años sin que las comunidades recibieran atención, por parte de las instancias medioambientales, el pasado 23 de septiembre fueron recibidos por Semarnat, por lo que se inició así el proceso de diálogo con la dependencia.
Posteriormente, el 6 de octubre, integrantes la Red Mexicana de Afectados y Afectadas por la Minería (REMA) y pobladores de las comunidades afectadas, se reunieron con la dependencia cuyo resultado fue que, por mandato de María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente, se realizarían los muestreos y se agendaría la visita del IMTA.
Fue así que, a principios de este mes, personal de ambas instituciones ejecutaron los recorridos con la finalidad de explorar los terrenos para definir un plan de toma de muestras y realizar estudios sobre la calidad del agua y sedimentos.
Al respecto las comunidades dijeron que “aunque no se cumplió con la realización de los muestreos y solo se hizo un recorrido de prospección se inició con el proceso”, lo que consideraron un ligero avance con las instancias.
Denunciaron que prevalece un contexto de alto riesgo en la región, por lo que acusaron que la empresa minera Cuzcatlán se ha movilizado para presionar a Semarnat y obtener la autorización de ampliación del proyecto minero “San José II”, que fue negada el pasado 6 de julio (publicado a través de la gaceta ecológica de Semarnat).
Asimismo, señalaron que la empresa ha utilizado a sus trabajadores para protestar “bajo amenaza de despido”.
Por todo ello, los pobladores y agencias municipales hicieron diversas solicitudes entre las que resaltan que los muestreos se deben realizar antes de que termine el año, la implementación de un operativo de seguridad por las instancias federales cuando se tomen las muestras y que Semarnat, a través de Conagua y Profepa, obtenga los permisos y la autorización para realizar la toma de muestras en San José del Progreso, en el interior de la minera Cuzcatlán, y en el cauce del Río Coyote dentro del tramo de Magdalena Ocotlán.