Los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD en la cámara de diputados, agrupados en la coalición “Va por México”, presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte Justicia de la Nación en contra del presupuesto de egresos del año 2022. Según la bancada este presupuesto vulnera el principio de progresividad y es regresivo porque, aseveraron, presenta recortes de recursos a programas que protegen y garantizan los derechos humanos en materia de educación, salud y protección a la mujer, entre otros. Detallaron que los programas para la atención a la salud y medicamentos gratuitos de la población sin seguridad social laboral presentan un recorte de aproximadamente 10 mil millones de pesos. Los recursos avalados por la cámara, señalaron que tampoco garantizan la cobertura del INSABI y con estas acciones se dejaron de lado la recuperación de programas destinados a las escuelas en el combate del rezago educativo, principalmente en las zonas más vulnerables del país. En cuanto a la educación, los legisladores acusaron que no se dio prioridad a la recuperación de estrategias cuyos recursos eran destinados a combatir el rezago educativo en escuelas de zonas vulnerables. Eso sumado a la desaparición de los programas de escuelas de tiempo completo, el de atención a la diversidad de la educación indígena. Reprocharon además la desaparición de programas como escuelas de tiempo completo y atención a la diversidad de la educación indígena, entre otros recortes en el programa para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, así como el de la atención a víctimas, y el dedicado a las estancias infantiles. Este presupuesto de egresos significa una amenaza a la democracia en México, pues afecta el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, obligándolos a materializar su mandato constitucional sin los recursos suficientes, y vulnerando así el derecho que tienen las y los mexicanos a participar en dichos procesos democráticos, como es el caso de la revocación de mandato. El recurso de inconstitucionalidad de “Va por México”, fue interpuesto por los coordinadores parlamentarios de San Lázaro, Jorge Romero, del PAN Rubén Moreira, del PRI, y Luis Espinosa, del PRD.