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Barra de Opinión de Once Noticias | Felipe Ávila

La expropiación petrolera (Parte 1 de 2)

El 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas tomó una de las decisiones más importantes de su gobierno al hacer valer los derechos de la Nación sobre el petróleo, tal y como lo establecía la Constitución. La expropiación petrolera fue la culminación de una larga batalla entre las compañías, en manos de empresarios estadounidenses, ingleses y holandeses, con el Estado mexicano surgido de la revolución.

Las empresas petroleras se negaron a acatar el artículo 27 constitucional, que restableció la soberanía de la Nación sobre el subsuelo. Con el apoyo de sus gobiernos, presionaron para que no se aplicara ese artículo retroactivamente y que se mantuvieran las concesiones a perpetuidad que habían obtenido durante la dictadura de Porfirio Díaz. Las empresas se ampararon en los tribunales mexicanos y los jueces les otorgaron amparos con los que se frenó la aplicación del artículo 27 en materia de petróleo durante 20 años.

El petróleo se había convertido en el principal combustible industrial desde la segunda mitad del siglo XIX. En México, la explotación de petróleo comenzó por esos años. La legislación virreinal había establecido que tanto la tierra como el subsuelo eran propiedad de la Corona española. Con la Independencia, pasaron a ser propiedad de la nación.

Sin embargo, durante el Porfiriato se dispuso que los dueños de la tierra eran también dueños del subsuelo y se les otorgaron concesiones a perpetuidad. Esas facilidades atrajeron a varias de las más importantes empresas petroleras estadounidenses y europeas que se establecieron en las Huastecas, Tampico y Veracruz.

En 1901 la producción de crudo fue de 10,245 barriles anuales. En 1910 superó los 12.5 millones y en 1920 se produjeron más de 193.5 millones. México se convirtió en uno de los principales países petroleros del mundo; nuestro petróleo fue estratégico para que los países aliados ganaran la Primera Guerra Mundial.

En 1912, Francisco I. Madero decretó un impuesto de 20 centavos por tonelada de crudo, lo que provocó el enojo y el rechazo de las compañías petroleras. Venustiano Carranza emitió un decreto en enero de 1915 con el fin de evitar que los beneficios de la producción petrolera fueran sólo para las empresas. Prohibió que se siguieran construyendo pozos y exigió que pagaran impuestos.

El Congreso Constituyente de 1916-1917 aprobó un artículo 27 con profundo sentido nacionalista, que restableció la soberanía de la Nación sobre sus recursos naturales. Se facultó al Ejecutivo para declarar nulas todas las concesiones y sustituirlas por otras nuevas. Sin embargo, 80 empresas petroleras se ampararon y lograron que el poder judicial les diera la razón, declarando que el artículo 27 no podía ser retroactivo.

Carranza optó por legislar a través de decretos y, en abril de 1917, estableció un impuesto del 10% de su valor a la producción de petróleo. El gobierno de Estados Unidos exigió la derogación de ese impuesto, pero Carranza no cedió. Inició así una batalla que duraría 20 años para hacer realidad el artículo 27 en materia de petróleo.

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