Barra de Opinión Once Noticias | Felipe Ávila

Hace tres días se cumplió un aniversario más de la masacre del 10 de junio de 1971, cuando un grupo paramilitar, conocido como “Los Halcones”, golpeó y asesinó a decenas de estudiantes politécnicos y universitarios en la zona aledaña al Casco de Santo Tomás, en Ciudad de México.

Las y los estudiantes decidieron organizar una manifestación en solidaridad con el movimiento estudiantil que defendía la autonomía en Universidad de Nuevo León. La marcha en Ciudad de México tenía un significado especial, pues trataba de recuperar el derecho a manifestarse en la calle, derecho que se había perdido después de la brutal matanza del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.

La manifestación salió ordenadamente del Casco de Santo Tomás. Cerca de diez mil jóvenes partieron, gritando consignas y portando mantas en favor de la libertad y la democracia. Al llegar a la Avenida de los Maestros la marcha fue detenida por un bloque de granaderos, quienes los dejaron pasar una vez que el contingente estudiantil entonó el himno nacional. Era una trampa. Metros más adelante fueron agredidos por jóvenes armados con varas de bambú, rifles y pistolas, rapados, quienes gritaban “Che, Che, Che Guevara” mientras los agredían. La marcha se dispersó. Muchos jóvenes cayeron heridos en las calles; muchos de sus compañeros que trataban de ayudarlos fueron heridos por los francotiradores apostados en los alrededores. Por más de cinco horas siguió la persecución. Incluso, se allanó el hospital Rubén Leñero para sacar y llevarse por la fuerza a estudiantes heridos o para rematarlos. Decenas de personas fueron asesinadas; centenares más fueron heridas y golpeadas, incluyendo periodistas y gente civil que pasaba por ahí.

La matanza del 10 de junio de 1971 fue perpetrada por el gobierno del presidente Luis Echeverría, quien trató de presentar lo ocurrido como una pugna al interior del régimen en la que los emisarios del pasado, como los calificó, habían montado una provocación para afectar a su gobierno. Sin embargo, esa mentira fue inmediatamente desenmascarada por los jóvenes sobrevivientes y por muchos periodistas y fotógrafos que presenciaron los hechos y denunciaron valientemente en sus periódicos y revistas lo que vieron y fotografiaron.

Quedó así al descubierto la existencia de un grupo paramilitar, Los Halcones, reclutados y entrenados especialmente por el gobierno como una fuerza de choque, quienes fueron los autores materiales de la masacre.

El “Halconazo” fue un crimen de Estado, organizado desde la cúpula del poder para impedir las libertades políticas y la lucha democrática. 51 años después, ese crimen sigue impune. Ninguno de los autores materiales ni intelectuales fue investigado ni castigado. La impunidad que caracterizaba al régimen entonces vigente protegió a los asesinos y jamás se preocupó por las víctimas. No obstante, el ejemplo de las y los estudiantes caídos el 10 de junio, que no se olvida, alimentó y ha seguido alimentando la lucha democrática por una sociedad más justa.